La contratación de personas cercanas al exlegislador Paúl García en el despacho de Rosselli Amuruz y en otras áreas del Congreso ha llevado la Procuraduría General del Estado a denunciar ante la Fiscalía a la congresista de Avanza País.
Su principal motivo es que se indague “en el presunto interés indebido” de la citada vicepresidenta del Congreso en los contratos de allegados a su pareja sentimental en dicho poder del Estado.
En las redes sociales, la Procuraduría argumentó que en ese hecho se habría producido el presunto delito de negociación incompatible.
“Procuraduría General del Estado solicita el inicio de diligencias preliminares contra la tercera vicepresidenta del
Congreso, Rosselli Amuruz Dulanto, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible”, tuiteó.
MALOS PASOS. Como se sabe, este caso empezó con la asistencia de Amuruz a la fiesta de García, la cual acabó en la muerte de Cristhiam Enrique Tirado. Luego, se reveló que Alejandra García, hermana de Paúl García, fue contratada en el Área de Calidad Legislativa que está bajo la competencia de la Tercera Vicepresidencia del Congreso.
Enseguida, El Comercio informó que hubo otros siete cercanos a García contratados en el Congreso. Entre ellos estaban tres familiares de Christiam Enrique Tirado, otras dos personas que trabajaron en el despacho de García cuando fue congresista en 2021, Karen Rojas Brandes (expostulante a regidora del Callao) y Carmen Neyra Jiménez (personal legal del Movimiento Más Callao).
No obstante, la Procuraduría también solicitó al MP investigar e iniciar las diligencias en el caso de otras dos parlamentarias: Edith Julón (APP) y María Córdova (Avanza País). La primera por omitir información en su Declaración Jurada de Intereses (DJI) y, la segunda, por utilizar a personal de su despacho para fines particulares.
