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La Procuraduría General del Estado solicitó a la Corte Suprema que la entidad constituirse como actor civil en el caso del Golpe de Estado de Pedro Castillo, ocurrido en diciembre pasado, con el objetivo de requerir el pago de una reparación civil por encima de los S/ 67 millones.
En el pedido, formulado por el procurador general Daniel Soria, se precisa que corresponde a los investigados en el caso, es decir, al expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez; los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo); así como al exasesor de la PCM, Aníbal Torres, realizar el abono de manera solidaria de la cantidad referida.
Asimismo, se indica que para la estimación de la cifra se tomó en cuenta tanto el daño patrimonial como el daño extrapatrimonial que se haya generado al Estado peruano ante este hecho.
La Fiscalía sindica a las exautoridades el presunto delito de rebelión, alternativamente conspiración. Solo el caso de Castillo Terrones se le investiga, además, por abuso a la autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
En el documento, la Procuraduría señala que por el daño patrimonial el monto para la reparación civil es de más de S/ 17 millones 711 mil; mientras que por daño extrapatrimonial, la cifra es de S/50 millones. En total, la suma requerida como reparación civil es de 67 millones 711 mil 48 soles.
Si bien conforme avancen las diligencias, la entidad que encabeza Daniel Soria podría incrementar el monto para la reparación civil, será el Poder Judial el ente que defina en última instancia la cifra final que los acusados deberán abonar a favor del Estado.
“Esta Procuraduría General del Estado se reserva el derecho de variar y/o incrementar el monto postulado, tanto por daño patrimonial, como por daño extrapatrimonial que se haya generado al Estado peruano, en función de mayores y nuevos elementos de convicción que surjan de la investigación y que acrediten los daños generados al Estado peruano”, se lee en el documento.
CASO. El 12 de diciembre del 2022, la Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el exmandatario y los ex ministros Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por rebelión y alternativamente conspiración.
Por este hecho, Chávez Chino fue suspendida del cargo de congresista. Asimismo, la Comisión Permanente aprobó -en marzo- el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó acusar constitucionalmente a los congresistas Betssy Chávez y Roberto Sánchez, y al exministro Willy Huerta por los hechos del 7 de diciembre.
En tanto, a la fecha, Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Ate, por este caso.
