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La diputada por Arequipa Marleny Arminta Valencia presentó un proyecto de ley que busca revertir modificaciones realizadas a la legislación sobre extinción de dominio y restablecer mecanismos para que el Estado recupere bienes vinculados con actividades ilícitas.
La iniciativa plantea modificar el Decreto Legislativo N.° 1373, que regula el proceso de extinción de dominio, y dejar sin efecto cambios aprobados por el Congreso anterior que, según la parlamentaria, debilitaron esta herramienta contra las organizaciones criminales.
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Proyecto busca recuperar autonomía de la extinción de dominio
Uno de los principales cambios planteados es restablecer la autonomía del proceso de extinción de dominio, de manera que la recuperación de un bien no quede necesariamente condicionada a la conclusión de otro proceso judicial.
La extinción de dominio es un mecanismo que permite al Estado actuar sobre bienes relacionados con actividades ilícitas, como inmuebles, vehículos, dinero y otros activos, bajo las condiciones establecidas por la legislación.
Valencia sostiene que las modificaciones aprobadas anteriormente limitaron la capacidad del Estado para recuperar estos bienes de manera independiente.
La parlamentaria se refiere a estas modificaciones como parte de las denominadas “leyes procrimen”, expresión utilizada por sectores políticos y organizaciones para cuestionar normas que consideran que debilitan las herramientas contra el crimen organizado.
Plazo de prescripción pasaría de cinco a 10 años
El proyecto también propone ampliar de cinco a 10 años el plazo de prescripción de la acción de extinción de dominio.
Según la iniciativa, el cambio busca otorgar al Estado un periodo mayor para actuar sobre patrimonios presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
La propuesta sostiene que un plazo más amplio dificultaría que las organizaciones criminales utilicen el paso del tiempo para ocultar, transferir o intentar dar apariencia de legalidad a bienes de procedencia ilícita.
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Proponen recuperar subastas anticipadas de bienes
Otro punto de la iniciativa es restablecer la posibilidad de realizar subastas anticipadas de determinados bienes administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Este mecanismo podría utilizarse especialmente cuando exista riesgo de deterioro de los bienes o cuando mantenerlos bajo administración represente costos elevados para el Estado.
La propuesta busca evitar que determinados activos pierdan valor mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.
Proyecto incluye protección para terceros de buena fe
La iniciativa también contempla mecanismos destinados a proteger a las personas que hayan adquirido legítimamente un bien que posteriormente sea incluido en un proceso de extinción de dominio.
El objetivo, según la propuesta, es garantizar el debido proceso y el derecho de propiedad de los terceros de buena fe, diferenciándolos de quienes pudieran estar relacionados con el origen ilícito de los activos.
Este aspecto busca establecer garantías para quienes puedan acreditar que adquirieron un bien legítimamente y sin conocimiento de una eventual vinculación previa con actividades ilegales.
Buscan afectar patrimonio de organizaciones criminales
Valencia sostiene que la lucha contra el crimen organizado no debe concentrarse únicamente en detener y procesar a sus integrantes, sino también en impedir que mantengan el control de los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
El proyecto apunta, bajo esa premisa, a fortalecer las herramientas que permiten actuar sobre inmuebles, vehículos, dinero y otros activos vinculados con organizaciones criminales.
La iniciativa deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente antes de una eventual aprobación y entrada en vigencia.
Otro punto de la propuesta es recuperar la posibilidad de realizar subastas anticipadas de bienes administrados por el PRONABI, especialmente cuando exista riesgo de deterioro o cuando su conservación genere costos elevados para el Estado.
El objetivo es retrotraer una de las llamadas leyes procrimen y restablecer una herramienta fundamental para combatir a las organizaciones criminales: quitarles sus bienes y afectar directamente su patrimonio.
El proyecto también plantea mecanismos para proteger a las personas que hayan adquirido legítimamente un bien que posteriormente sea sometido a un proceso de extinción de dominio, con el objetivo de garantizar el debido proceso y el derecho de propiedad.
Para la parlamentaria, combatir al crimen organizado no debe limitarse a detener a sus integrantes, sino que también debe impedir que conserven los bienes y recursos utilizados para financiar sus actividades ilícitas.
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