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La congresista María Taipe Coronado (Perú Libre) presentó un proyecto de ley que busca que el Estado indemnice a los familiares de las personas que fallecen en “luchas sociales” (protestas) por casi un millón de soles.

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“Se dispone la indemnización por el fallecimiento en actividades de luchas sociales, a favor de sus herederos, en forma excluyente conforme al orden sucesorio previsto en el artículo 816 del Código Civil. Dicha indemnización es el equivalente a 200 Unidades Impositivas Tributarias por cada fallecido que se hará efectiva, dentro del plazo de sesenta días calendarios en entrada en vigencia de la presente ley”, se indica en la iniciativa.

Asimismo, se detalla que los familiares deberán presentar un certificado de defunción y del protocolo de necropsia que acredite la causa de la muerte. Además, se indica que para obtener este beneficio la muerte debe ser provocada por las armas utilizadas durante los actos de represión “por parte de los miembros de las fuerzas policiales o Fuerzas Armadas, aun así no sean de propiedad de las instituciones castrenses mencionadas”.

“La presente iniciativa tiene por propósito resarcir las pérdidas de vidas humanas que se están presentando por causas de una represión indiscriminada, inhumana con disparos de armas de fuego y similares, ejecutados por efectivo militares y policiales, en muchos casos en modo de francotiradores, contra la población que sale a expresarse pacíficamente contra lo que estiman un gobierno usurpador, inconstitucional e ilegítimo”, se indica en la exposición de motivos.

En esa línea, se alega que “ninguna medida restrictiva contiene la utilización de armas de fuego cuando se trata de reprimir a los manifestantes de una marcha pacífica”, tal como habría sucedido en el caso de las 29 muertes ocurridas en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Piura.

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“A todos ellos los han acusado de ser violentistas ligados a movimientos políticos proscritos, pero que a la fecha nadie ha podido demostrar ningún tipo de relación de lo que afirman los voceros del Estado, tratándose de actos de abuso de derechos en contra de la población civil, llegando al extremo de aniquilarlos con armas de fuego de largo alcance disparados por francotiradores”, se acota.

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