En una reciente entrevista, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), intentó deslindar de cualquier tipo de responsabilidad sobre las irregularidades detectadas el día de las elecciones del 12 de abril.
El máximo representante del organismo electoral señaló que Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), “le mintió a todos” al garantizar el proceso electoral. Sin embargo, Burneo también deberá responder. Sin embargo, a diferencia de Corvetto que ya está lejos de la institución, Burneo podrá quedarse para la segunda vuelta, pues el Congreso pasa por agua tibia su situación.
TIEMPOS
El 13 de abril, el congresista Edwin Martínez anunció la presentación de una denuncia constitucional contra Burneo por no garantizar el proceso electoral.
La denuncia pide la inhabilitación por 10 años de la función pública del magistrado.
El documento ingresó oficialmente a la mesa de partes de la Subcomisión el día 16 de abril.
De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la Subcomisión tiene un plazo de 10 días hábiles para calificar la denuncia, es decir, determinar si se admite a trámite o se archiva.
Esos 10 días hábiles se cumplieron ayer. Sin embargo, aunque el caso sea visto en esta semana, la Subcomisión suele tardar en resolver denuncias constitucionales.
Si la denuncia llega a ser admitida, pasará a la Comisión Permanente para que evalúe si hay motivos para acusar y elaborar un informe.
De obtener luz verde, la Permanente ordena que la Subcomisión realice una investigación y elabore un informe en un plazo de 15 días.
La Subcomisión debe utilizar ese tiempo para que Burneo formule sus descargos y presente medios probatorios; para convocar una audiencia en la que se debe presentar el denunciante, el denunciado y los testigos, finalmente, se debe elaborar un informe final.
En el documento se debe plantear el archivo del caso o la acusación.
Aunque el tiempo para todo el proceso antes mencionado es de dos semanas, en la práctica, la Subcomisión suele tardar más por la recargada agenda.
Si se va por la acusación y se recomienda, por ejemplo, la inhabilitación del funcionario por determinado tiempo, el texto debe ser ratificado en la Comisión Permanente.
Posteriormente, el mismo documento debe ser expuesto ante el Pleno del Congreso.
Los parlamentarios debatirán y votarán a favor o en contra de una eventual destitución.
Los casos en la Subcomisión suelen tardar en resolverse de dos a tres meses si son una prioridad para el grupo, aunque todo indica que ese no será el caso.
Por ahora, Burneo solo fue citado en la Comisión de Fiscalización, espacio al que acudió el 17 de abril para indicar que su institución, le advirtió a la ONPE sobre las deficiencias que podrían presentarse en el proceso electoral.
