Ronderos secuestran y el Gobierno indiferente

Pese a las graves denuncias y las exhortaciones de diversos gremios para dar con los responsables, el Poder Ejecutivo mostró ayer una postura permisiva frente al grave atentado contra la prensa perpetrado por ronderos de Chota, Cajamarca, que secuestraron el miércoles a periodistas de Cuarto Poder.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades aún no habían detenido ni identificado a las personas involucradas en la detención de Eduardo Quispe, el camarógrafo Elmer Valdiviezo y un chofer que los acompañaba.

Una de las voces que más indignó ayer fue la del primer ministro Aníbal Torres, quien -durante su participación en la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado realizada en Celendín, Cajamarca- afirmó no estar seguro de que lo ocurrido se tratase de un secuestro. Torres señaló que las rondas campesinas “están reconocidas en la Constitución”, por lo que tienen “autonomía” y “función jurisdiccional”, pero “sin violar los derechos fundamentales”.

“Conocemos el hecho que se ha producido el día de ayer. Un secuestro, no sé si es secuestro, pero se debe investigar qué cosa es exactamente, y se debe investigar con objetividad. En un país civilizado, el honor, la dignidad, la vida y el patrimonio de las personas se respeta porque solamente así se puede vivir en paz, en concordia”, dijo Torres.

Además, defendió el papel de las rondas campesinas y criticó a la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

“(Las rondas campesinas) combatieron el delito real y efectivamente, desapareció al abigeato, el robo, los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer”, manifestó.

“Ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad a todo el país”, añadió Torres en su ofensiva frase contra las fuerzas del orden.

SE FUGA. Por su parte, lejos de rectificar a su premier, el presidente Pedro Castillo optó por mantenerse al margen del tema, pese a también encontrarse en Cajamarca.

En dos momentos durante el día, Castillo evadió a la prensa que le preguntó directamente sobre el tema. Pasó raudo, protegido y se metió a su auto.

Además, durante su actividad oficial, Castillo Terrones señaló que existe “una agenda aparte” que busca distorsionar al Gobierno y que desde algunos sectores buscan crear falsos señalamientos para involucrarlos en actos de corrupción.

Casi por cumplir, casi doce horas después de ocurrido el secuestro, el presidente indicó que desde el Ejecutivo se ha exigido una investigación.

“Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de Derecho”, remarcó.

“Por ello, exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca”, agregó con extrema tibieza.

Otro que se mostró impasible fue el ministro del Interior, Mariano González. Sostuvo que sería la Fiscalía la que determine lo ocurrido y evitó señalar a los ronderos como los responsables de este terrible hecho.

“Quien tiene que calificar, y quiero que ustedes entiendan, es el Ministerio Público. Ya están las autoridades trabajando; además hay un grupo que está tratando de ayudar, un grupo local también para la recuperación de los equipos que también es importante”, refirió.

Y, al igual que Torres, remató: “Yo no puedo asegurar si son o no son ronderos, es parte de la investigación”.

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POSTURA. De igual modo, en una falsa interpretación de la ley, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (Cunarc) señaló que las rondas campesinas actúan bajo el derecho consuetudinario amparado por la Constitución Política en el artículo 149, Convenio 169 de la OIT, ley 27908 y acuerdo plenario 001-2009, por lo que “no cometen el delito de secuestro”.

Además, consideró que la libertad de expresión e información “no es un derecho absoluto” y que cualquier personas que acuda a bases de rondas campesinas “primero tiene que pedir permiso a sus autoridades”. Finalmente, la Cunarc precisó que el caso “es materia de investigación”.

DENUNCIA. Entre tanto, en una conferencia de prensa, el reportero de Cuarto Poder Eduardo Quispe señaló que en el suceso participaron entre 30 y 50 personas e identificó entre los presentes al alcalde de Chadín, César Castillo.

Sobre este tema, Quispe dijo a RPP que la autoridad edil no los ayudó durante el suceso.

El periodista recalcó que junto a su camarógrafo, salieron por su cuenta de la zona tras cumplir con la exigencia de la población presente: leer el comunicado de ‘rectificación’ y salir en defensa de la familia de Pedro Castillo.

Narró que rodeado, hubo voces que gritaban “quítenles los zapatos y llévenlo a la laguna”. Ante ello, trató de calmar a los enardecidos ronderos y se ofreció, él mismo, a escribir la carta de “rectificación”.

El último domingo Quispe reveló en un informe periodístico que la cuñada del presidente, Yenifer Paredes, garantizó obras de saneamiento en Chadín sin ser funcionaria pública.

Ayer, el periodista también criticó que, tras lo reportado en las últimas horas, se cuestione si las rondas campesinas fueron o no las responsables. “Fueron (las) rondas, está el audio de la llamada, las personas del lugar que se pueden identificar yendo un fiscal al lugar. Lo otro que nos genera dudas es que el Gobierno juegue con esto de si es secuestro o retención”, señaló Quispe.

También explicó que los eventos ocurrieron la tarde del miércoles luego de que llegaran a la zona para recoger información y registrar tomas de apoyo.

SANCIONES. Al respecto, en diálogo con Correo, el abogado penalista Andy Carrión sostuvo que los delitos cometidos por los ronderos serían secuestro y hurto. El primero de ellos es el más grave y puede llegar hasta los 15 años de prisión.

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