El Ministerio Público le solicitó al Poder Judicial que autorice levantar el secreto de las comunicaciones de Rosio Torres, quien está siendo investigada por un presunto recorte de salarios a personal de su despacho.
Dicho pedido fue hecho el último 15 de octubre por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
Esa instancia fiscal también le pidió al Poder Judicial la autorización del secreto de las comunicaciones de Nathalie Flor Rubio Yllatopa, implicada en la investigación.
La Fiscalía requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones de estas personas, en la forma de intervención de las comunicaciones históricas, sobre el periodo comprendido del 2 al 10 de abril del 2022.
Sobre ello, la parlamentaria presentó un escrito el último 24 de octubre en el que formula oposición al pedido de la Fiscalía, mientras que Nathali Rubio presento un escrito el último 22 de octubre en el que comunica que se allana al requerimiento fiscal.
El juez Juan Carlos Checkley programó para el 17 de diciembre a las 10 de la mañana una audiencia virtual “privada” para así evaluar dicho requerimiento fiscal con las partes involucradas con el objetivo de emitir una decisión.
Procuraduría denuncia a la congresista Rosío Torres tras ser acusada de recortar el sueldo de sus trabajadores
La Procuraduría General del Estado (PGE), mediante su representante Daniel Soria, presentó ayer una denuncia contra la congresista Rosío Torres (APP) por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
La decisión se da luego de un reportaje de Punto Final en el que la apepista es señalada presuntamente de obligar a los trabajadores de su despacho congresal a entregar un tercio de sus salarios, dinero que era depositado en las cuentas bancarias de su sobrino Juan Pérez Guerra.
Incluso, la parlamentaria fue grabada por el medio periodístico en el momento en que borró el historial de conversaciones en WhatsApp que sostuvo con su familiar, minutos después de que un reportero del programa le consultara por los depósitos de sus trabajadores.
Por ese motivo, la PGE solicita a la Fiscalía el inicio de diligencias preliminares.
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