El expresidente Martín Vizcarra continúa sumando señalamientos por presunta corrupción pero tiene una protección constitucional que impide que, por ahora, termine en la cárcel.
Como se sabe, el martes, el Equipo Especial contra la corrupción en el Poder (Eficcop), liderado por la fiscal Marita Barreto, llevó a cabo un operativo de allanamiento a once domicilios en el marco de la presunta organización criminal –aparentemente liderada por Vizcarra durante su Gobierno– denominado “Los Intocables de la Corrupción”. Sin embargo, los antecedentes del expresidente son lo más parecido a un prontuario.
En detalle
Este Diario consultó a los penalistas Andy Carrión y Luis Lamas Puccio sobre la actual situación de Vizcarra. Ambos letrados remarcaron que el Eficcop no puede abrir diligencias preliminares a Vizcarra Cornejo y al exministro Trujillo.
“Contra ellos no ha habido ninguna medida todavía porque la entidad, el órgano competente que se encarga de investigarlos, es la Fiscalía de la Nación (Juan Carlos Villena) y no el Eficcop”, puntualizó Carrión.
El letrado agregó que si bien este equipo fiscal no puede iniciar dichas diligencias, “lo que sí puede es incluirlos en un organigrama (...), en una situación similar a lo que ocurrió con Patricia Benavides”, exfiscal de la Nación.
“Lo primero que tiene que hacer la Fiscalía de la Nación es abrir investigación en contra de Vizcarra y Trujillo. Dentro de esa indagación preliminar, también la entidad puede solicitar una detención preliminar, como ahora lo han hecho contra otros funcionarios”, manifestó.
Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio recordó que el exjefe de Estado “está amparado en el antejuicio político” debido a su condición de dignatario en ese entonces. Es decir, es un aforado.
Detalló que “para poder pasar a la etapa preparatoria, se necesita que el Congreso de la República le levante la inmunidad al expresidente y lo ponga a disposición de la Fiscalía como ha sucedido con el exmandatario Pedro Castillo”.
Roles
Sobre la exprimera dama y esposa de Martín Vizcarra, la docente Maribel Díaz, ambos abogados tuvieron puntos discrepantes. De acuerdo a un testigo del Eficcop, Díaz “era quien maneja el dinero en efectivo”, producto de coimas, que le eran entregadas a Vizcarra Cornejo.
Según ese testigo, “en una ocasión posterior, cuando necesitaba que Vizcarra despache con Karem Roca en Palacio de Gobierno, tuvo que subir al despacho de la primera dama y buscarlo. Entonces, fue recibida por Maribel Díaz, quien le dijo que su esposo estaba descansando, pero si lo requería que vaya a la habitación donde estaba, que pase y le señale la urgencia de lo que se necesitaba”.
Luego de ello, observó en la habitación de la pareja maletines con dinero. En ese contexto, Lamas Puccio señaló que “hay elementos de convicción, declaraciones de colaboradores, se cumplía con todas las mínimas exigencias, para que hace tiempo se haya convertido esto en una investigación preparatoria” en contra de Díaz.
Del lado contrario, el abogado Andy Carrión consideró que las diligencias en este caso aún “son muy primigenias”.
“Si la Fiscalía no ha solicitado una detención preliminar en su contra es porque el caso todavía no se encuentra suficientemente maduro como para postular esa detención ante el juez. Aquí la Fiscalía tiene que ser un poco estratégica; lo que ha hecho es postular la detención en contra de los principales implicados”, precisó.
A diferencia de Vizcarra, su esposa no cuenta con ningún tipo de investidura y puede ser investigada por el Eficcop.
Los casos
El último grotesco y vergozoso caso de corrupción que implica a Vizcarra, denominado “Los Intocables de la Corrupción”, no obstante, está lejos de ser el único.
Antes de que asumiera como presidente de la República fue gobernador regional de Moquegua, gestión que le dejó al menos dos investigaciones emblemáticas que están a poco de pasar a la etapa de juicio oral.
La primera es conocida como el caso Chirimayuni. Al exmandatario se le imputa el haber permitido en 2011 pagos indebidos de supervisiones que no se hicieron en la represa Chirimayuni, por lo que la Fiscalía pide una condena de más de cuatro años.
El segundo caso -y uno de los más conocidos- es porque habría recibido 2.3 millones de soles en sobornos a cambio de entregar las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. En este caso, la Fiscalía pide 15 años de prisión.
Ya como jefe de Estado, Vizcarra protagonizó un escándalo cuando se reveló que el cantante Richard Cisneros fue contratado con órdenes de servicios por 175 mil soles en el Ministerio de Cultura, todo en medio de la crisis económica por la pandemia del COVID-19.
El expresidente conoció a Richard “Swing” en la campaña electoral y registran fotografías juntos. El caso será votado en el Congreso en dos semanas, lo que permitirá que la Fiscalía pueda avanzar con la pesquisa.
Por otro lado está el caso “Vacunagate” que dio vuelta al mundo. En febrero de 2021 se reveló que tanto Vizcarra, su esposa, otros familiares y altos funcionarios se vacunaron de manera irregular con dosis de la empresa china Sinopharm, en octubre de 2020, cuando todavía la población peruana no tenía acceso a las vacunas.
Para que el Ministerio Público avance con las indagaciones, el Parlamento debe dar luz verde al caso. En el último caso, que explotó el último martes, Vizcarra es sindicado como líder de una red criminal que recibía dinero a cambio de adjudicar obras en Provías Descentralizado, organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Según un testigo, el exmandatario accedía al dinero ilícito a través de maletines negros y tubos de planos, en la comodidad de Palacio. Le corresponde a la Fiscalía de la Nación abrir un proceso o no al exmandatario por la grave acusación.
Sancionado
Entre tanto, debido a los constantes casos de corrupción en que el exmandatario ha sido implicado, tiene sanciones que no le permiten ejercer la función pública.
En abril de 2021, el Congreso lo inhabilitó por 10 años por el caso “Vacunagate”. Un año después, en mayo de 2022, el Parlamento dio luz verde a una denuncia que presentó la excongresista Yeni Vilcatoma y lo inhabilitó por cinco años.
El expresidente fue sancionado por haber participado en la empresa Obrainsa mientras era titular del MTC. Sin embargo, podría recibir una nueva sanción el 15 de febrero. La Comisión Permanente del Congreso votará un informe final que propone inhabilitarlo cinco años por el caso “Swing”.
Pese a todo ello, el partido Perú Primero, impulsado por Vizcarra, está inscrito desde junio de 2023 ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Su fecha de inscripción fue lunes 19 de junio y su personero titular es Carlos Hernán Illanes Calderón y el alterno Alberto Eugenio Oliva Corrales. El jefe de la organización, no obstante, parece ser el enlodado e inhabilitado expresidente.
