La congresista Ana Zegarra (Somos Perú) presentó el 14 de agosto del 2025, cuando José Jerí tenía el cargo de presidente del Congreso, un proyecto de ley (PL) que beneficiaría a una empresa vinculada a Zhihua Yang.
Se trata del PL 12101/2025, titulado “Ley que promueve la formalización ambiental del sector manufacturero y de comercio interno mediante un nuevo régimen excepcional de adecuación ambiental”.
Dicha iniciativa busca “promover la formalización ambiental progresiva de los titulares de actividades del sector industrial manufacturero y de comercio interno que no cuenten con un instrumento de gestión ambiental aprobado”.
Ante ello, propone “la apertura de un nuevo plazo excepcional para la presentación de instrumentos de gestión ambiental correctivos”.
Conexión
Yang, empresario chino que ha sostenido reuniones oficiales y no oficiales con el presidente José Jerí, dirige Tenda Cerámicas SAC, empresa que funciona en la región Ica sin contar con licencias municipales, y sin Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni Plan de Participación Ciudadana, como exige la norma para la industria manufacturera.
Tenda enfrenta, desde marzo del 2025, un procedimiento administrativo ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por infracciones ambientales.
“La conducta infractora está referida a que el administrado desarrolla actividades destinadas a la fabricación de materiales de construcción de arcilla (porcelanato) sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente”, se indica en la resolución de la OEFA.
De aprobarse el proyecto que aún se encuentra en comisiones, la empresa de Yang podría operar sin haber aprobado la calificación ambiental.
Cabe recordar que Zegarra, quien postulaba a la Cámara de Diputados, fue excluida de los comicios por el Jurado Electoral Especial de Maynas el 7 de enero.
La ciudadana Leydi Iriarte interpuso una tacha en su contra por contar con una sentencia vigente por el delito contra la administración pública, en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo.
El Poder Judicial le impuso un año y cuatro meses de pena privativa de libertad suspendida y una reparación civil de S/800.00 a favor del Estado en junio del 2025.
