En un intento por defenderse de las acusaciones en su contra, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, terminó por reconocer que compró un terreno en Cusco por 5 mil dólares y que luego lo revendió a la empresa Wayna Picchu por 265 mil dólares.
Pese a la disparidad de fondos, Soto solo se limitó a indicar que el contrato estuvo enmarcado dentro de los parámetros legales y que hubo un acuerdo entre el comprador y el vendedor.
“Llama poderosamente la atención que la empresa perjudicada no haya interpuesto recurso de apelación frente a la resolución que dicen, me beneficia. Quieran o no, yo he ganado el proceso judicial. Por prescripción, por sobreseimiento, yo he ganado”, manifestó en una conferencia de prensa en el Congreso.
En un comienzo, según aseguró, ofreció a la empresa devolverle su dinero si le daban el predio de vuelta, pero que esa propuesta quedó sin respuesta.
En sus descargos, dijo que cuando la compañía conoció que postulaba a un cargo público, interpuso una acción penal por fraude en la administración de personas jurídicas y estafa.
Sostuvo que el 8 de noviembre de 2019, un juez de investigación preparatoria de Cusco le dio la razón al declarar el caso prescrito. Y que, cuatro años después, otro magistrado hizo lo propio al resolver que la demanda no calificaba como penal sino civil.
“Ahora en julio ratifican lo que un juez ya dijo meses atrás. Esta segunda ratificación no ha sido apelada por el Ministerio Público ni por la Procuraduría ni por los presuntos agraviados, entonces, esta imputación es falsa”, indicó.
Luego mostró un documento que indicaba que se iba a poner a disposición de la Comisión de Ética, pero precisó que ese grupo solo lo puede investigar de 2021 en adelante.
También negó tener denuncias penales, que no infringió el código de ética al contratar a su excuñada y que no ocultó datos en su declaración jurada.
