La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedentes dos nuevas denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra por el delito de concusión en el caso de las vacunaciones irregulares para él y sus familiares contra el COVID-19, conocido como el ‘Vacunagate’.
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En las denuncias presentadas por el excongresista Yvan Quispe y los exlegisladores de Acción Popular Manuel Merino, Luis Roel Alva y Leonardo Inga, se plantea acusar al exmandatario por varios delitos relacionados con la adquisición de vacunas de la farmacéutica Sinopharm durante la pandemia de COVID-19. Este proceso incluye el hecho de que, en ese momento, el entonces jefe de Estado solicitó la aplicación de las dos dosis de la vacuna, en ese entonces, experimental para protegerse del virus.
Con aprobación mayoritaria, ambas denuncias fueron declaradas procedentes, pero únicamente por el presunto delito de concusión. Se descartaron los supuestos actos ilícitos tras deliberar que no constituían delitos, sino más bien infracciones constitucionales.
Del mismo modo, se aprobó que ambas acusaciones sean acumuladas por la denuncia primigenia presentada por la inhabilitada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, quien también recibió dos dosis de la vacuna de Sinopharm.
La denuncia 365-2021-2026, presentada por Benavides en abril de 2023, solicita que tanto el exmandatario como Mazzetti sean enjuiciados por presunta concusión, argumentando que habrían abusado de sus cargos para obtener la inmunización contra el virus en plena pandemia. Esto, a pesar de que las 3,200 dosis de Sinopharm, enviadas antes de la compra oficial por parte del Estado peruano, estaban destinadas al personal médico vinculado a la investigación.
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