Susel Paredes presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino

La congresista Susel Paredes (Somos Perú-Partido Morado) presentó una denuncia constitucional contra el exparlamentario Manuel Merino por asumir la Presidencia de la República en noviembre del 2020, tras la vacancia del entonces mandatario Martín Vizcarra.

En el documento enviado a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), precisa que la acusación es por presunta infracción constitucional a los artículos 43, 45, 102 inciso 2, 113 inciso 2 y 117 por asumir “de manera ilegal” el máximo cargo del país.

También señala que el pedido de vacancia se sustentaba en la presunta comisión de delitos por diversos casos que aún estaban en fase de investigación por parte del Ministerio Público.

Así, Paredes consideró que según el artículo 117 de la Constitución Política, el mandatario solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, legislativas, regionales o municipales.

Asimismo, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Carta Magna, así como por impedir su reunión o funcionamiento y los del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros organismos del sistema electoral.

Como se recuerda, el pasado 4 de octubre la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, en su calidad de presidente de la República, primer ministro y ministro del Interior, respectivamente.

La medida se adoptó tras culminar las indagaciones preliminares sobre las movilizaciones sociales de noviembre de 2020, que provocaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de decenas de heridos con lesiones graves y leves.

Los ex altos funcionarios fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones.

Del mismo modo, se les acusa de no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial, pese a que por las circunstancias en que venían desarrollándose y porque contaban con información oficial acerca de su tendencia a intensificarse, el resultado de la afectación a dichos bienes jurídicos era previsible.