La Comisión de Ética Parlamentaria, en este periodo bajo la presidencia de Álex Paredes, del radical Bloque Magisterial, debe finiquitar y pronunciarse sobre las investigaciones no culminadas en la legislatura pasada, y sobre aquellos nuevos casos surgidos entre setiembre y octubre.
Al menos diez casos notorios están pendientes de una resolución, señalan fuentes parlamentarias (ver infografía).
Álex Paredes, al asumir la presidencia hizo un ejercicio retórico según el cual espera que no ocurran nuevos casos cuestionables puesto que, a su juicio, todos los legisladores serían una especie de caballeros inmaculados.
La realidad parlamentaria sin embargo se encargó de enmendar sus expresiones.
Cabe indicar que el congresista Paredes no se distinguió por su activismo ético en la legislatura anterior cuando fue integrante de este grupo de trabajo.
Se le atribuye el blindaje de por lo menos siete casos.
EMBLEMÁTICOS.
Entre los casos más recientes figura el de la legisladora Kelly Portalatino, de Perú Libre.
El 10 de octubre, un informe de calificación de Ética recomendó iniciar investigación contra ella por, presuntamente, encargar a trabajadores de su despacho buscar nuevos afiliados para su partido.
La denuncia de oficio está pendiente de votación para la próxima sesión que sería hoy, lunes 21 de octubre.
Según denuncia periodística, el coordinador parlamentario en Áncash, Luis Solís Rodríguez, recibió instrucciones de Portalatino para conseguir nuevos afiliados en la ciudad de Chimbote.
Esto habría ocurrido en horario laboral. Otro trabajador de la parlamentaria informó bajo reserva que se estuvieron usando recursos públicos en favor del partido Perú Libre.
Otro caso es el de Pasión Dávila (Bancada Socialista).
Es señalado por su exasesor principal, Víctor Carlos Espinoza, de exigirle pagos mensuales de su salario bajo el concepto de “apoyo económico”. Asegura que le exigió incluso bonos de su sueldo mensual.
El bono mensual asciende a S/2.000 y habría sido destinado para el despacho o el partido del congresista, según dicha versión.
Dávila negó todo: “Es totalmente falso, nunca jamás en la vida. Nunca recuerdo que a nadie he cobrado, jamás en la vida”.
El parlamentario Guido Bellido Rojas, ahora en Podemos Perú, es acusado de usar, con fines personales, recursos del Estado.
Se le sindica el uso de pasajes aéreos financiados por el Congreso para asistir a una reunión proselitista de su partido, “Perú Consciente”, en la ciudad de Ayacucho. Habría incurrido en delito de peculado por el uso de recursos del Estado para fines personales.
Al momento, no se conoce de ningún pedido de investigación en Ética, tampoco de oficio.
Guillermo Bermejo (Perú Democrático) es investigado por presunto tráfico de influencias debido a una extraña amistad con el fiscal que lo investiga en el caso “Operadores de la Reconstrucción”.
El caso fue difundido el 10 octubre último. El fiscal anticorrupción José Luis Quispe Changanaquí admitió que tuvo amistad con Bermejo “hace diez años”, tal como se ve en fotografías y videos presentados por “Cuarto Poder”, los cuales evidencian una amistad y afinidades con un ideario político de izquierda radical.
La Comisión de Ética tiene pendiente un pronunciamiento.
BERMEJO.
Bermejo está involucrado en el caso Operadores de la Reconstrucción. Él y algunos colaboradores de su despacho son sindicados de recibir dinero destinado a cuatro obras de la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), para la Municipalidad Distrital de La Unión, Piura.
También es procesado en la Corte Suprema por presuntos vínculos con los cabecillas terroristas del llamado Militarizado Partido Comunista del Perú de los Quispe Palomino.
El Ministerio Público pide 20 años de cárcel.
Una nueva acusación recayó a comienzos de octubre sobre la reincidente legisladora
Rosio Torres Salinas (Alianza Para el Progreso) por el presunto uso indebido de recursos públicos y por recorte de salarios.
El último 10 de octubre se conoció una nueva denuncia por parte de una extrabajadora de su despacho.
También habría utilizado personal de su despacho para que laboren en la campaña política de su esposo Fernando Meléndez, candidato al gobierno regional de Loreto.
Rosio Torres ya fue suspendido por 120 días en junio de 2023 por Ética por otro caso.
A la fecha es investigada en la Fiscalía de la Nación por presunto uso de personal de su despacho para labores de campaña electoral de su esposo, Fernando Meléndez.
Está pendiente en Ética el caso del legislador David Jiménez Heredia (Fuerza Popular) por el presunto uso de recursos del Estado, es decir, destinar a una empleada de su despacho a trabajar en un centro de estudios particular, de su propiedad.
Para la Comisión de Ética sería una falta que amerita una amonestación pública y 60 días multa. Pendiente.
ESTANCADO.
Se halla estancado en Ética la investigación al congresista José Arriola Tueros, de Podemos Perú, por “mochasueldos”.
Caso estancado en Ética. La excoordinadora de su despacho y coacusada, Yolanda Isabel Cuya Llajaruna, reveló chats y comprobantes bancarios de transferencias a la cuenta del parlamentario, dineros que serían producto del recorte de sueldos.
El parlamentario Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular,
es investigado por presunto recorte de salarios de algunos de sus trabajadores.
En este caso, Ética cumplió con concluir el caso con una sanción: 30 días de suspensión.
Finalmente, el Pleno del Congreso aprobó la suspensión por 30 días y el descuento de sus haberes por 45 días.
DARWIN.
Uno de los legisladores más emblemáticos del actual Parlamento en lo que se refiere a cuestiones éticas.
El legislador de Podemos Perú es investigado por tráfico de influencias agravado y recorte de sueldos.
El 30 de setiembre, Ética vio el caso por uso indebido de recursos estatales y de personal del Congreso.
Según la denuncia, fue para destinarlos a actividades propias de un partido político en formación.
El extrabajador Kevin Haro declaró que recibió orden de usar miles de hojas para fichas de afiliación a un partido.
María Antonieta Agüero Gutiérrez, de Perú Libre, es sindicada por una supuesta inconducta pública en la ciudad de Arequipa.
Tiene denuncia de oficio de Ética por una cuestionable conducta frente a unos estudiantes escolares de Arequipa, así como por unas frases contra la comunidad LGBTIQ+.
