El miércoles pasado, el Tribunal Constitucional (TC) eligió a Luz Pacheco como su presidenta para el período 2024-2026.
Será ese tribunal, bajo su cargo, el que tendrá que resolver una serie de casos pendientes de gran impacto en la sociedad.
Por ese motivo, Correo hace un recuento de los más importantes que involucran a personajes de la esfera política (ver infografía).
CONGRESO
Uno de los casos que se encuentra pendiente de resolución es la polémica que involucra a Aldo Vásquez e Inés Tello, exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En marzo de este año, el Parlamento aprobó inhabilitar por 10 años de la función pública a los dos magistrados y dejaron sus cargos en la JNJ. Sin embargo, una medida cautelar del Poder Judicial (PJ) ordenó reponerlos.
El Congreso decidió interponer una demanda competencial ante el TC en contra de la decisión del PJ. Así, en abril, el tribunal dejar sin efecto la reposición de ambos magistrados. Pero los magistrados presentaron una demanda de amparo ante el PJ que ordenó reponerlos en el cargo en julio pasado. Cabe precisar que el TC debe resolver la situación de fondo para zanjar el problema, pues todavía está pendiente que resuelvan si el sistema de justicia puede interferir con las competencias que son exclusivas del Congreso.
Otro caso que involucra al Congreso es la inhabilitación por cinco años que recibió el expresidente Martín Vizcarra en 2022, debido a que no renunció como miembro del Directorio y Gerente de operaciones de la Empresa C y M Vizcarra tras asumir como ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno en 2016.
El exmandatario presentó una demanda de amparo ante el TC para revertir la decisión del Congreso y así participar en las elecciones generales del año 2026.
Por ahora, hace campaña a través de sus redes sociales.
Un tercer caso que tiene el TC es la demanda de inconstitucionalidad que presentó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en contra de varios artículos del Decreto Legislativo 1373 o también llamada Ley de Extinción de Dominio.
La norma permite que aquellos bienes adquiridos ilícitamente por personajes procesados por corrupción u otros delitos, pasen a la titularidad del Estado.
La demanda que interpuso Gutiérrez señala que el decreto vulneró el derecho a la propiedad y los principios de presunción de inocencia, de seguridad jurídica, de tipicidad, de irretroactividad y seguridad jurídica.
INVESTIGADOS
Por otro lado, también hay personajes que pretenden utilizar al TC para evadir a la justicia.
Para muestra hay varios botones. El líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, interpuso dos hábeas corpus con el objetivo de anular la orden de prisión efectiva de tres años y seis meses por el delito de colusión que se le impuso por el caso Aeródromo Wanka.
Ambos recursos presentados por el prófugo fueron analizados por el TC. Sin embargo, todavía el tribunal debe analizar un tercer recurso que presentó la exmano derecha de Pedro Castillo.
La presidenta Dina Boluarte es otro de los políticos que recurre al TC en un intento por salvarse de los procesos de investigación.
El abogado Marco Riveros interpuso un recurso para anular la investigación por el caso Rolex, lo que incluye el allanamiento que se hizo al domicilio de la mandataria.
Si bien Boluarte Zegarra desautorizó al letrado, el TC deberá resolver el recurso planteado.
A esto se le suma una demanda de amparo que presentó la presidenta para anular la denuncia constitucional que interpuso la Fiscalía en su contra por la muerte de cinco personas y las lesiones durante las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
El “wayki” de Boluarte, Wilfredo Oscorima, también ha acudido ante el TC luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema incautara un par de aretes de oro amarillo con diamantes vinculados al caso Rolex.
“Nos rechazaron la apelación (en el PJ) y ahora estamos poniendo una demanda de amparo para llegar al TC y decir si es válido que ante una conducta procesal, porque nos han dicho una cosa que es atroz: ‘No es importante la conducta procesal del investigado’. ¿Así? ¿Y entonces qué es importante aquí?”, fue la justificación que dio Humberto Abanto, abogado del gobernador regional de Ayacucho.
ANÁLISIS
El abogado Alejandro Rospigliosi recordó que el TC es el encargado de tutelar los derechos fundamentales y tiene como deber dejar sin efecto las leyes que van en contra de la Constitución.
Sin embargo, dijo que algunos políticos creen, de manera equivocada, que pueden pasar “factura” ante el TC porque el Congreso es el encargado de su elección.
“Algunos creen que porque sus bancadas han votado a favor de determinados magistrados, ahora estos deben votar a su favor en ciertas causas”, indicó.
En diálogo con Correo, el constitucionalista recordó que el indulto al expresidente Alberto Fujimori marcó un antes y un después en el TC, pero son los actuales integrantes los que deberán resolver, conforme a la la ley y la Constitución, las causas pendientes e importantes en el país.
“Veamos cómo quieren pasar a la historia los siete magistrados del TC, como defensores de la Constitución y la democracia, o como secuestrados de los que lo nombraron en el cargo”, apuntó.
Por su parte, el abogado Ángel Delgado indicó que no puede considerarse como abuso el que una persona presente un recurso ante el TC si considera que uno de sus derechos constitucionales ha sido vulnerado.
“Es un derecho que tiene todo ciudadano por más que no nos parezca o a terceros, incluso a la sociedad”, dijo.
Sin embargo, el constitucionalista precisó que eso no significa interponer recursos sin fundamentos.
“El tribunal no es una instancia de apelación. El tribunal no evalúa si tiene razón A contra B, si la sentencia es justa o no, sino que lo que evalúa es que se hayan respetado las reglas, el debido proceso”, indicó.
Sobre el caso de la presidenta Boluarte por muertes en las protestas, Delgado consideró que es importante que el TC defina en qué consiste una investigación preliminar y sobre qué aspectos se puede presentar una denuncia constitucional en contra de un mandatario.
Por ahora, estos son los casos que el TC deberá resolver.
