El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ordenó el retiro de Germán Juárez Atoche —fiscal provincial titular especializado en lavado de activos y pérdida de dominio— del Equipo Especial del caso Lava Jato, al cual había sido incorporado en julio del 2018.
Dicha decisión fue oficializada mediante una resolución del Ministerio Público publicada este sábado en el diario oficial El Peruano.
El referido magistrado tenía a su cargo el Tercer Despacho del Equipo Especial y, en esa condición, condujo diversas diligencias y sustentó la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, quienes fueron sentenciados a 15 años de prisión por lavado de activos agravado relacionado con los aportes a las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.
Juárez Atoche también estuvo a cargo de la acusación por cohecho pasivo propio contra el expresidente Martín Vizcarra, delitos por los que este último recibió una condena de 14 años de prisión efectiva en los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.
La resolución difundida hoy en el diario oficial dispuso la promoción de Germán Juárez como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, “designándolo en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con retención de su cargo de carrera”.
Ello se produjo luego de que, en la misma resolución, Tomás Gálvez diera por terminada la designación de Luz Elizabeth Peralta Santur en esa fiscalía superior. Como es de conocimiento público, la magistrada enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho activo en el caso que involucra a Andrés Hurtado.
En esa línea, Gálvez Villegas precisa en la resolución que Germán Juárez asumirá de manera provisional la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, debido a que Luz Elizabeth Peralta mantiene “vigente la medida coercitiva de prisión efectiva y la medida de apartamiento” preventivo de su cargo, dispuesto por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, por un lapso de 3 meses. Es decir, “deberá quedar en suspenso cualquier designación inherente a su cargo titular hasta que se resuelva su situación jurídica y cese el impedimento material respecto al ejercicio de la función fiscal”.
