Con un voto de diferencia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó ayer el informe final de traición a la patria que enfrenta el presidente Pedro Castillo por intentar conceder mar a Bolivia vía territorio nacional.

Once congresistas respaldaron las conclusiones del informe, mientras que 10 lo rechazaron. No hubo ninguna abstención, pero sí varias ausencias.

La congresista Rosío Torres (APP), Óscar Zea (Podemos)  y Norma Yarrow (Avanza País) no acudieron a la Subcomisión. Estas ausencias se justificaban pues tienen procesos judiciales vigentes y debían ser  reemplazados. Sus votos hubiesen viciado el proceso.

Otro que no acudió fue Hitler Saavedra (Somos Perú) sin que se supieran las razones.

Adicionalmente, Yarrow se justificó al recordar que presentó la denuncia constitucional junto a José Cueto.

PROCEDIMIENTO

Anoche, el presidente de la Comisión Permanente, José Williams Zapata, cursó la invitación a Pedro Castillo y a su abogado para que acudan a ejercer su defensa.

La cita es para el 16 de noviembre, a las nueve de la mañana. Ese día, tras la presentación del implicado, se votará la acusación.

Si es aprobada y el caso llega al pleno, tiene dos aristas. Una, es la acusación constitucional con inhabilitación política -se plantea 5 años-, que requiere de 66 votos sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente.

La otra arista es que solo se le levante el antejuicio a Castillo para que pueda ser investigado por el sistema de justicia. Allí solo se requieren 50 votos.

AFECTADOS

Por la tarde, las reacciones del Ejecutivo no faltaron. Primero, el jefe de Estado aprovechó su reunión con dirigentes de San Juan de Lurigancho para mostrarse confrontacional.

“No nos amilana, nosotros acá estamos por el país porque antes que todo está el ciudadano. Espero que el Congreso actúe mirando al pueblo, al peruano, no a las personas”, manifestó.

Luego, Félix Chero, el ministro de Justicia, calificó de ignorantes jurídicamente a los  congresistas por haber aprobado el informe.

Sostuvo que se pretende forzar una figura que no existe.

“En un país que se aprecie de ser una democracia, se aprecie de ser un Estado de derecho, no podemos dar esos mensajes de ignorancia jurídica. ¿Qué estamos enseñando a las nuevas generaciones?”, se preguntó.

Por su parte, el ministro Alejandro Salas (Trabajo) consideró que la reciente decisión de la Subcomisión es positiva para el gobierno porque la usará para informar sobre las acciones que emprende el Parlamento contra el jefe de Estado a la misión de la OEA que llegará al país.

Todo indica que lo usarán como arma de victimización. “Eso es algo que finalmente nos suma para la llegada de la OEA (...). Es un informe que es un despropósito”, aseguró.

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