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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) tendría los votos necesarios para aprobar el informe final por traición a la patria que hoy será debatido en el seno de ese órgano parlamentario.
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De acuerdo con las posturas y tendencias ideológicas, en ese grupo habría al menos 17 legisladores, que constituyen al 68% de la comisión, que son opositores al régimen o que se han mostrado a favor del citado informe.
En resumidas cuentas, los que pertenecen a esa nómina integran las bancadas de centro derecha Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso y Avanza País. También se encuentran Somos Perú y Podemos.
La lista se completaría con Acción Popular tras el ingreso de Wilson Soto, Luis Aragón y José Arriola, quienes reemplazarán a “Los Niños”, que fueron retirados de la SAC por estar involucrados en procesos penales.
Esa cifra total se impondría al 32% restante al que pertenecen las bancadas de centro izquierda e izquierda, propiamente (ver infografía).
En este segundo grupo están el Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Perú Democrático, Perú Libre, Perú Bicentenario y posiblemente Integridad y Desarrollo.
La diferencia es de 17 contra ocho, según el análisis que elaboró este Diario.
Un aspecto digno de resaltar es que esta misma situación podría replicarse en la Comisión Permanente, donde hay al menos 19 de 32 legisladores que están a favor del informe o que tienen tendencia de centro derecha o de derecha.
En ese foro, un mayoritario 59% se impondría al 41% de los miembros de esa comisión. Con ello, todo parece indicar que el informe llegaría al pleno.
Ya en el pleno, se calcula que en unas tres semanas, se requerirá de la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente.
Ello quiere decir que se necesitarían al menos 66 votos.
La salida sería que las bancadas de derecha se unan al bloque entero de Acción Popular, Integridad y Desarrollo y los No Agrupados.
La distribución sería así: Acción Popular (10), Alianza Para el Progreso (8), Avanza País (6), Fuerza Popular (17), Integridad y Desarrollo (5), Podemos Perú (5), Renovación Popular (6) , Somos Perú (4) y No agrupados (5).
Aunque el panorama es difícil, en Integridad y Desarrollo y Acción Popular hay legisladores que se han mostrado a favor de apoyar la vacancia contra el jefe de Estado o la suspensión presidencial ante los flagrantes casos de corrupción que arrastra.
TRAICIÓN A LA PATRIA
Como sabemos, Castillo enfrenta la denuncia por traición a la patria al intentar conceder salida de mar a Bolivia por territorio peruano.
Su interés de concretarlo lo mostró en una entrevista que ofreció a la cadena internacional CNN, a la que dijo que sometería el tema a un referéndum.
El hecho motivó que un grupo de abogados liderados por Lourdes Flores Nano presentara en febrero pasado una denuncia ante la Subcomisión. José Cueto y Norma Yarrow hicieron suya la denuncia para que no perdiera legitimidad.
Luego, se aprobó por admitirla y se designó al legislador Wilson Soto como delegado.
Antes de cambiarse la composición de la comisión, Soto presentó en agosto sus conclusiones. En estas recomendó acusar al jefe de Estado e inhabilitarlo políticamente por un plazo de cinco años.
Con el cambio de integrantes de la SAC, la ponencia pasó a manos de Diego Bazán. La sustentación se realizará a las 8:30 de la mañana de hoy en el pleno de la Subcomisión.
En diálogo con Correo, Bazán afirmó que no cambiará el sentido ni las conclusiones del informe.
SUSTENTO.
Entre los argumentos de la acusación se expone que Castillo infringió cuatro artículos de la Constitución: El 32, 54, 110 y 118.
Sobre el primero, el informe recuerda que no se puede someter a referéndum “los tratados internacionales y advierte que el jefe de Estado confesó su intención de convocar a una consulta popular sobre la modificación de nuestras fronteras.
Sobre el segundo artículo, asegura que la intención de hacer una consulta ciudadana “pone en riesgo un bien jurídico trascendental que merece especial protección”, sobre todo de los representantes de la Nación.
Respecto de la tercera infracción, indica que un presidente debe personificar a la Nación, pero que su deseo de otorgarle mar a Bolivia “está lejos de considerarse un deseo de la Nación”.
“Actuar al margen de la norma fundamental y desconociendo el deseo de la Nación sobre la protección de nuestra soberanía territorial es pasible de sanción política”, refiere el citado informe.
Sobre el último artículo sostiene que su declaración fue interpretada como una expresión de voluntad del pueblo peruano por el presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Fredy Mamani quien, a través de un twitter, el 26 de enero del 2022, con motivo de la salida al mar para Bolivia, agradeció el gesto del anuncio de Pedro Castillo.
ANÁLISIS
Para el constitucionalista Víctor García Toma, el informe final sí tiene sustento porque Pedro Castillo desconoció la responsabilidad que tiene como jefe de Estado, es decir, dar cumplimiento a los artículos antes mencionados. “Sus deberes son preservar y defender la integridad territorial”, afirmó.
En diálogo con Correo, señaló que las declaraciones de Castillo a la CNN son lo opuesto a lo que dice la Constitución.
Por ello, consideró que será una buena oportunidad para que el mandatario acuda al pleno del Congreso a responder por este caso.
Por su parte, Ángel Delgado, uno de los abogados que presentó la denuncia por traición a la patria, recordó que lo dicho por el presidente en la entrevista no es una “opinión” debido a que es el titular de la política exterior.”Sus dichos tienen efectos vinculantes en cualquier conflicto jurídico que se pueda desarrollar más adelante”, manifestó.
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“El presidente no puede dejar de cumplir lo que dice la Constitución, si lo hace, está incurriendo en la causal de traición a la patria aunque sea en su versión de infracción constitucional”, afirmó.
