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Una polémica se desató ayer tras conocerse que los expresidentes Manuel Merino de Lama y Francisco Sagasti Hochhausler solicitaron al Congreso que se les otorgue la pensión vitalicia por haber ocupado la máxima encargatura del Estado en distintos periodos.

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Si bien aún no formaliza la solicitud, Martín Vizcarra también anunció -en la víspera- que formularía el mismo pedido por ocupar el sillón de Pizarro luego de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara en 2018 a su mandato.

Merino y Sagasti argumentaron que ese derecho está sustentado en la ley No. 26519, la cual establece la pensión para los expresidentes constitucionales de la República del Perú. No obstante, ambos fueron solo encargados de ese despacho.

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Pedido. En su carta dirigida a la Oficialía Mayor del Parlamento, Sagasti Hochhausleseñala que ejerció como jefe de Estado desde el 16 de noviembre del año pasado hasta el 28 de julio presente.

En la misiva, recordó que la solicitud formal la presentó el 26 de julio, justo dos días antes de que el profesor Pedro Castillo lo sucediera en Palacio de Gobierno. Además de la pensión de 15 mil 600 soles, en la primera carta pidió que se le conceda un seguro médico y un asistente.

Según Sagasti, la ley 26519 aún continúa vigente después de haber sido observada -durante su régimen transitorio- la autógrafa que buscaba eliminar el estipendio y que  fue aprobada por el pasado Congreso.

Por su parte, Manuel Merino de Lama hizo el mismo pedido, pero a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. En el documento solicita, además de la pensión, que se le asignen los beneficios logísticos de personal que están establecidos en el Acuerdo de Mesa No. 078-2016-2017/MESA-CR.

Dentro de ese apoyo logístico se encuentran seguros, préstamo vehicular, una persona asignada bajo modalidad de CAS con una retribución mensual no mayor a 3,700 soles y vales de combustibles con un tope de 150 galones mensuales.

Merino solo estuvo en el cargo entre el 10 y el 15 de noviembre del año 2020.

Finalmente, Vizcarra Cornejo anunció en la víspera que iba a iniciar el trámite de  dicha pensión con el actual Congreso porque es un derecho que le corresponde. No obstante, tiene una inhabilitación política de 10 años para ejercer cargos públicos.

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