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Lo que se esperaba como una semana llena de esperanzas por el arribo del segundo lote de vacunas de Sinopharm (700 mil) contra el COVID-19, terminaron siendo unos siete días de revelaciones por el escándalo denominado “Vacunagate”.
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La publicación de la lista con las 487 personas, entre ellas funcionarios públicos como las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete hicieron rebalsar la indignación popular.
Días atrás, en una conferencia de prensa, Mazzetti había señalado que sería la última funcionaria en vacunarse contra el COVID-19. “El capitán es el último en abandonar el barco”, dijo. Una frase que quedará registrada en la historia nacional de la infamia.
Pero eso no fue todo. El descubrimiento de la vacuna de Astete la hizo renunciar a la Cancillería, lo cual no le impidió justificar su atroz comportamiento señalando que “no podía darme el lujo de enfermarme”.
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Otro funcionario público que recibió la vacunación subrepticia fue Luis Suárez Ognio, quien tras admitirlo dejó el Viceministerio de Salud.
Entre tanto, el jefe del ensayo clínico en el Perú de la vacuna Sinopharm, Germán Málaga, reveló que el expresidente Martín Vizcarra le pidió en Palacio de Gobierno que le aplique el inmunizante.
POR UN WANTÁN. Málaga fue obligado a presentarse en el Congreso. Allí dijo que Vizcarra, junto a su esposa Maribel Díaz, sabía que recibió una dosis activa y no placebo.
Por si fuera poco, el médico de la Universidad Cayetano Heredia dio cuenta que el entonces jefe de Estado le pidió una dosis adicional para su hermano, César Vizcarra.
Otro de los personajes que recibieron las dosis fue el dueño del restaurant chifa Royal, César Loo Cárdenas.
El médico Málaga justificó este caso porque se trataba de uno de los proveedores de alimentos de los investigadores. “Esta persona (César Loo) va permanentemente al centro porque la delegación china se cansa del Burger King”, dijo Málaga. Increíble pero cierto.
Delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo
pesquisa. Ante el escándalo, el Ministerio Público dispuso abrir las investigaciones contra el expresidente Vizcarra y los que resulten responsables.
Días después, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso incluir a Mazzetti y Astete.
A los tres exfuncionarios públicos, Ávalos les imputa preliminarmente los delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción también inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables y que apuntaría a los otros funcionarios que se beneficiaron con las vacunas.
El andamiaje judicial se empezó a mover también con la Procuraduría Anticorrupción, que pidió a la Fiscalía que, a su vez, solicite al Poder Judicial la detención preliminar para Málaga y los miembros de la comisión multisectorial que negoció con Sinopharm y que también fueron inoculados con las dosis del laboratorio chino. Ahora la Fiscalía debe evaluar este requerimiento.
