El próximo 6 de octubre, Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, cumplirá un año en la clandestinidad. Desde que se emitió una orden de captura en su contra, su paradero sigue siendo un misterio. Esta situación se complica aún más con la reciente acusación de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de la Selva Central, que ha presentado cargos por el delito de colusión, pidiendo una pena de nueve años de prisión efectiva.
El fiscal provincial Juan Cadillo Rosario ha solicitado la misma pena para su sucesor en el cargo y varios exfuncionarios de la gestión de Cerrón, Jakelin Flores Peña, Luis Ángel Ruiz Oré, Coco Raúl Contreras Córdova y Augusto Paredes Taipe, a quienes consideran autores del delito de colusión. Asimismo, se han solicitado nueve años de pena para Carlos Antonio Condezo Suárez, Edith Palomino Padilla, Alberto Domingo Ibérico Cedrón y Virginio Silvio Lazo Bernardo, quienes serían cómplices en esta trama.
Las acusaciones se centran en un caso relacionado con el proyecto del hospital Higa Arakaki en Satipo. Según la Fiscalía, desde su asunción, Cerrón mostró la intención de cambiar el lugar de ejecución del proyecto, lo que llevó a una serie de irregularidades.
Se afirma que en una solicitud de donación, aprobada por el concejo municipal, se tomó la decisión de trasladar el proyecto a un terreno que no sería beneficiario a la provincia de Satipo y que no cumpliría con los requisitos necesarios para su ejecución. La denuncia detalla que el terreno en cuestión contaba con limitados servicios de agua y alcantarillado, además de no tener los certificados de parámetros urbanos exigidos.
Según el fiscal, la empresa Consorcio Arakaki II presentó una propuesta que implicó una reducción significativa en algunos presupuestos, de hasta un 50.21% respecto a los precios establecidos en el expediente técnico original, lo que ponía en riesgo la culminación del proyecto. José Villazana, presidente del Comité de Gestión PRO-CONSTRUCCIÓN del hospital de Satipo, ha expresado su preocupación ante la situación. “Hemos recurrido al MINSA, MEF y a la Comisión Multipartidaria del VRAEM para exponer el problema del hospital de Satipo. El trabajo tuvo frutos”.
