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El Equipo Especial Lava Jato solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para la exgobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.
El Poder Judicial analizará el pedido del Ministerio Público este viernes 20 de noviembre a partir de las 10 de la mañana mediante una sesión virtual.
Como se recuerda, el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche investiga a Osorio por presuntamente haber recibido una coima a cambio de la concesión de la carretera Variante Uchumayo en 2015.
Cuando estaba frente al Gobierno Regional de Arequipa (2015-2018), la Asociación Civil Solidaria Perú interpuso dos denuncias en su contra por supuestas responsabilidades penales en el caso Majes Siguas II y los Correcaminos del Sur. Osorio carga sobre la espalda sospechas de irregularidades en su gestión, que a la fecha el Ministerio Público esta evaluando.
Majes Siguas II y los Correcaminos del Sur
El representante de Solidaria Perú, Arturo Salas, detalló que el 3 de junio de 2019, se interpuso la primera denuncia por colusión agravada, por su vinculación en el problema de la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II donde observaron un presunto favorecimiento a las empresas contratadas.
El megaproyecto que busca dar agua a las Pampas de Majes hasta el momento tiene un futuro incierto.
En ese entonces, el fiscal a cargo declaró la investigación compleja y la amplió por 180 días. En octubre de este año, Solidaría Perú adjunto mayor información esta vez que involucra al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres.
Testigos protegidos y colaboradores eficaces en Correcaminos del Sur
El 25 de julio de ese año, Salas interpuso una nueva denuncia para que el Ministerio Público incluya a Osorio en las investigaciones preliminares en el caso los Correcaminos del Sur. Una organización criminal dedicada al cobro de cupos a transportistas de minivanes informales que hacían rutas interprovinciales. El sustento de la asociación se basó en la declaración de 11 personas, entre testigos protegidos y colaboradores eficaces, quienes sindicaban a la exgobernadora como cabecilla de la red criminal.
La Corte de Arequipa dispuso que su asesor y mano derecha Juan Bermejo lleve las investigaciones en prisión, pero este fugó. Este personaje, también fue mano derecha del presidente de la República, Martín Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua.
La investigación preliminar se abrió en octubre de 2019 y se declaró compleja (180 días). “Tenemos sustento legal para asegurar que debe ser incluida en la investigación preparatoria”, sostuvo el letrado.
Su exgerente de Transportes, José Gamarra, y subgerente de Transporte, Christian Motta, permanecen en el penal de Socabaya, pese a que hace poco solicitaron detención domiciliaria.
En ambos casos, los plazos de investigación se vieron afectados por la pandemia del nuevo coronavirus.
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