Zoraida Ávalos dejó el cargo de fiscal de la Nación el último 29 de marzo. (Foto: archivo GEC)
Zoraida Ávalos dejó el cargo de fiscal de la Nación el último 29 de marzo. (Foto: archivo GEC)

La Comisión Permanente del Congreso de la República otorgó 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) investigue y presente un informe final sobre las denuncias constitucionales en contra de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Una de la acusaciones en contra de Ávalos Rivera fue interpuesta por la excongresista María Teresa Cabrera por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, coacción, encubrimiento real, discriminación, omisión o demora de actos funcionales, peculado de uso, tráfico de influencias, violencia contra autoridades elegidas y encubrimiento personal.

La otra denuncia contra Ávalos la presentó el ex fiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova, quien también acusó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por la presunta comisión de los de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Asimismo, el grupo de trabajo parlamentario brindó 15 días para que la SAC investigue y presente un informe final sobre las denuncias constitucionales en contra del expresidente Martín Vizcarra, y las exministros Pilar Mazzetti, Elizabeth Astete y Mario López Chávarri por el caso ‘Vacunagate’.

Lo mismo ocurrió con las denuncias en contra del exministro Juan Carrasco Millones por la presunta comisión de los delitos de aceptación ilegal de cargo público y falsedad genérica, y contra el procurador público especializado en delitos de corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Javier Alonso Pacheco Palacios por la presunta infracción del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución.

No fueron aprobadas

Por otra parte, la Comisión Permanente no otorgó dar un plazo adicional para investigar la denuncia presentada en contra de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, por presunta infracción constitucional de los artículos 201, 39, 99 y 95.

Tampoco se aprobó dar tiempo para realizar indagaciones por las acusaciones al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y avocamiento ilegal de proceso en trámite e infracción a artículos de la carta magna.

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