Zoraida Ávalos: Junta de Fiscales Supremos deja sin efecto licencia por vacaciones de la fiscal de la Nación

La Junta de Fiscales Supremos acordó dejar sin efecto la licencia para el goce de vacaciones de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a su solicitud, para el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 1 de marzo de 2022.

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Esta resolución de la Junta de Fiscales Supremos 007-2022-MP-FN-JFS, publicada este martes en el Diario Oficial El Peruano, lleva la firma de Ávalos Rivera y dispone que los días de ese periodo vacacional (2019-2020) sean “reprogramados en su oportunidad”.

Asimismo, en los considerandos se señala que la decisión fue adoptada mediante acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, que preside Zoraida Ávalos, en sesión extraordinaria del 18 de febrero de 2022.

De esta manera el dispositivo deja sin efecto la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos 094-2021-MP-FN-JFS, del 30 de diciembre de 2021, en ese extremo.

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La anterior resolución dispuso otorgar licencia vacacional a la fiscal de la Nación del 6 al 20 de enero de 2022 y del 15 de febrero al 1 de marzo de 2022 (período 2019-2020), y del 1 al 30 de agosto de 2022 (período 2020-2021).

Además, encargar el Despacho de la Fiscalía de la Nación y la Presidencia de la Junta de Fiscales Supremos al magistrado Pablo Sánchez Velarde, Fiscal Supremo Titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, durante el período del 6 de enero al 20 de enero de 2022 y del 15 de febrero al 1 de marzo de 2022.

Denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos

El pasado viernes 18, el procurador anticorrupción Javier Pacheco presentó una denuncia constitucional en el Congreso de la República contra la fiscal de la Nación. En la acusación plantea que Ávalos Rivera debe ser investigada por organización criminal, cohecho pasivo específico, abuso de autoridad, encubrimiento real y tráfico de influencias.

Según informó El Comercio, el defensor del Estado advierte la “interferencia” de Zoraida Ávalos en las pesquisas contra Los Cuellos Blancos al solicitar que todos los registros de las comunicaciones telefónicas se remitan a un fiscal distinto al que se había autorizado judicialmente.

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