Este lunes, Alejandro Narváez presidió su primera sesión como presidente del Directorio de Petroperú luego de ser designado por la Junta General de Accionistas (JGA).
Dicha empresa estatal indicó que la sesión contó con la participación de César Rodríguez Villanueva, director independiente; David Quispe Figueroa, director no independiente; y Antonio Manosalva Alarcón, representante de los trabajadores.
“Asumo esta designación con optimismo y compromiso, iniciando una nueva gestión con grandes expectativas y objetivos claros en beneficio de la empresa y el país. Confío en el talento de los profesionales de Petroperú; juntos alcanzaremos el éxito esperado”, sostuvo Narváez.
Uno de los acuerdos tomados en la primera sesión, el Directorio acordó encargar la Gerencia General a Óscar Vera, exministro de Energía y Minas (Minem).
Alejandro Narváez asume presidencia de Petroperú en medio de cuestionamientos judiciales
En una reciente junta de accionistas realizada el 7 de noviembre de 2024, Alejandro Narváez Liceras fue designado presidente del directorio de Petroperú.
El nombramiento de Narváez, quien ocupará el cargo como director independiente, ha generado polémica debido a un antecedente judicial de 1973 que cuestiona su idoneidad para liderar la estatal petrolera.
Junto a Narváez, otros cuatro miembros también fueron incorporados al directorio de Petroperú: Robert James Mc Donald Zapff, Carlos Alberto Lezameta Escribens, David Quispe Figueroa y César Rodríguez Villanueva. Al mismo tiempo, se oficializaron las renuncias de Oliver Stark Preuss, Germán Boza Pro y otros miembros que ejercían funciones en el directorio.
Narváez, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional y ha ocupado cargos relevantes en el sector público, incluyendo una presidencia anterior de Petroperú entre 2003 y 2005 y la dirección ejecutiva de FONCODES, donde fue reconocido como Funcionario Público del Año en 2004.
Sin embargo, su historial se ha visto empañado por una denuncia de 1973, cuando tenía 20 años, en la que fue condenado por “violación presunta”.
Cumplió una pena de seis meses de prisión condicional, pero en 2021 el caso resurgió durante una supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde Narváez ejercía como docente. Aunque fue destituido en un inicio, fue reincorporado por un tecnicismo legal, ya que la acusación ocurrió antes de la promulgación de la Ley 29988.
Narváez ha calificado las acusaciones como “calumnias” y sostiene que el proceso judicial de 1973 fue irregular. Afirma que se le impuso una medida socioeducativa injusta y que continuar señalándolo por un evento de hace cinco décadas sería imponerle una “pena perpetua”.
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