El pasado 26 de marzo, el Consejo Fiscal publicó su Comunicado N° 02-2026, en el que reiteró su profunda preocupación por la continua aprobación de leyes con impacto fiscal adverso.
No es la primera vez que el organismo lanza esta advertencia, pues en octubre de 2025 ya había alertado sobre la proliferación de normas que comprometen la sostenibilidad de las finanzas públicas, sin que el Congreso ni el Ejecutivo tomaran medidas efectivas.
Pese a ello, el Legislativo continuó con la aprobación de cuestionadas leyes y el Gobierno, con su promulgación sin observación previa. Carolina Trivelli, consejera del Consejo Fiscal, conversó con nosotros sobre las implicancias de estas leyes y el silencio institucional que las ha acompañado.
El Consejo Fiscal estima un costo anual permanente de al menos 11,400 millones de soles solo por las leyes aprobadas en lo que va de 2026 ¿Estamos ante una crisis fiscal o todavía hay margen para que esto pueda revertirse?
Estas leyes afectan la sostenibilidad fiscal del Perú e introducen marcadas inequidades en cómo se asignan los recursos públicos. Estas normas, como señaló el Consejo Fiscal hace unos meses, traerán un mayor déficit a futuro. Hoy no lo sentimos, pues tenemos un periodo de bonanza gracias a los altos precios internacionales de nuestros minerales, pero cuando esto cambie y los precios dejen de ser extraordinarios, no podremos afrontar estos gastos aprobados, que son además gastos permanentes. Ahí tendremos que recurrir a endeudarnos o a gastar los pocos activos que le quedan al Estado.
¿Cuáles son estas marcadas inequidades en la asignación de recursos públicos? ¿Quiénes se estarían beneficiando y quiénes estarían siendo afectados?
Ahora tienes, por ejemplo, que la ley que se ha aprobado sobre pensiones de maestros va a hacer que un maestro, que es un servidor público, después de 20 años de trabajo, reciba una pensión que es más de cuatro veces la que reciben los funcionarios públicos que se jubilan con la máxima pensión de la ONP. Eso es una inequidad, porque un servidor público, así haya sido maestro, administrador, ingeniero u otro tipo de profesional en el sector público, debería recibir más o menos la misma pensión desde el sector público. Entonces, ahí hay una desigualdad, y por eso es tan importante que las decisiones de gasto se den de manera conjunta en la discusión del presupuesto de la República, donde se ve el conjunto de gastos y se busca justamente evitar estas inequidades, porque agregar gastos individuales después en la suma, en el agregado, deja cuestiones bastante inequitativas y que generan diferencias marcadas entre distintos grupos de acuerdo con su capacidad de presión hacia los congresistas. Ese es el problema, por eso es que se generan inequidades.
Su último comunicado señala que el Ejecutivo no observa estas leyes ni las lleva al Tribunal Constitucional, pese a que tienen “visos de inconstitucionalidad” ¿Esa omisión responde a la inestabilidad política que vive el país, con múltiples presidentes y Gabinetes en pocos años, o es algo que puede atribuirse a la gestión actual?
En mi opinión personal, eso obedece a la debilidad del Ejecutivo frente a un muy poderoso Congreso. El Ejecutivo está supeditado al Congreso. No hay un sano equilibrio de poderes.
¿Cómo funciona en la práctica ese diálogo entre el Consejo Fiscal y los poderes del Estado?
Hubo una reacción positiva del entonces premier Álvarez y luego una reacción del MEF, convocando a un Pacto Fiscal. Pero, en mi opinión, fue para cumplir las formas, porque no se tomaron medidas efectivas para evitar que se sigan aprobando normas con impacto fiscal negativo. El Congreso no se interesó por el asunto, solo cuestionó e insultó al Consejo Fiscal y a sus miembros.
El Consejo Fiscal lleva meses con la emisión de comunicados que, como lo reconocen, no han encontrado eco en las autoridades ¿Existen otros mecanismos disponibles cuando sus advertencias no son consideradas?
El Consejo Fiscal tiene un mandato claro y acotado. Emitimos opinión no vinculante. No tenemos otros instrumentos.
¿Cómo se sienten en el Consejo Fiscal mientras el Legislativo e, incluso, el Ejecutivo promulgan leyes sin ninguna observación técnica?
El Consejo Fiscal seguirá cumpliendo a cabalidad su labor y ejerciendo las tareas que se le han conferido. Ojalá pudiéramos hacer más. Estamos siempre más que dispuestos a colaborar con las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. La única motivación del Consejo Fiscal es contribuir a la sostenibilidad fiscal del Perú, y lo hacemos dentro del marco con que nos regimos.
Varios países de la región tienen consejos fiscales con distintos niveles de autonomía y atribuciones ¿Cree que el Consejo Fiscal peruano debería tener capacidad sancionatoria o, al menos, poder presentar acciones de inconstitucionalidad?
Cada país tiene su modelo de consejo fiscal. El del Perú es un buen modelo, pero requiere sin duda aliados. Aun sin tener capacidad sancionatoria ni poder presentar acciones de inconstitucionalidad, podemos informar y colaborar, desde nuestras competencias y mandato, con otros que sí puedan tomar acciones para defender la sostenibilidad fiscal del Perú.
La Nota de Discusión de octubre reveló que el Congreso 2021-2026 promulgó 229 leyes con impacto fiscal adverso, más del triple del promedio de los tres períodos legislativos anteriores ¿Cómo explica ese salto cuantitativo?
Esto se explica por la pérdida de equilibrio entre los poderes del Estado. Hoy el Congreso puede afectar negativamente la economía sin un contrapeso efectivo desde el Ejecutivo.
El Consejo Fiscal se ofreció a actuar como amicus curiae ante el Tribunal Constitucional en causas con incidencia fiscal ¿El TC o el MEF los han contactado alguna vez en ese rol?
El Consejo Fiscal está siempre a disposición para colaborar en lo que sea necesario y dentro de sus competencias. El TC ya nos ha pedido opinión en un caso, la presentamos, y estamos siempre dispuestos a colaborar con los magistrados en casos que involucren la sostenibilidad fiscal del país.
