La vigencia de la emergencia sanitaria paralizó al sector construcción y ha perjudicado a más 85.000 empresas formales y a más de un millón de trabajadores dedicados a esta actividad, señaló el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Luis Felipe Quirós.

Por ello, planteó una serie de medidas que en el corto plazo buscan reducir el impacto financiero y laboral, entre ellas el aplazamiento del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta (IR). además del prorrateo de los mismos sin intereses.

Agregó que el Gremio también consideró que, por parte del Estado, se requiere el pago inmediato de todas las obligaciones pendientes (valorizaciones, laudos, sentencias y otros), previo al inicio de las obras, pues, ello permitirá inyectar liquidez en las empresas y que se reinicie la cadena de pagos.

“Esto incluye laudos arbitrales y sentencias judiciales ya consentidos. Según la Contraloría General de la República, el 52% de los arbitrajes con el Estado son en los contratos de obra pública, cuyas controversias ascienden a S/ 1 707 974 2587”, explicó Quirós.

Precisó que el programa "Reactiva Perú" será una ayuda para el sector, pero aún hay muchas empresas que están pasando una situación económica difícil y se les complica el acceso al sistema financiero.

"Es un buen momento para que el sistema financiero sea más flexible y nos dé un voto de confianza para acceder a líneas de crédito y afianzamientos para respaldar las obras. Por supuesto que sujetas a la debida evaluación y considerando otras variables que no solo sean los reportes o récord crediticio”, planteó Quirós.