La Contraloría General de la República advirtió que la empresa encargada de ejecutar las obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero habría proyectado ampliar de forma injustificada el plazo de culminación del proyecto.
De acuerdo con el órgano contralor, el proyecto culminaría recién en diciembre de 2028 y no en el último mes de 2026, como estaba previsto inicialmente. Esta modificación, además, podría ocasionar un incremento en el costo total de la obra.
En esa línea, advirtió que el consorcio presentó un cronograma bimensual con cambios en los plazos de ejecución de diversas actividades vinculadas al edificio del Terminal de Pasajeros y al cerco perimétrico, componentes que forman parte de las obras principales del proyecto.
“La acción del consorcio contraviene las disposiciones contractuales que establecen que un cronograma bimensual debe cumplir con los mismos requisitos del cronograma inicial y que, si en algún momento el avance real de los trabajos es demasiado lento para culminarlos dentro del plazo establecido, el ingeniero (supervisor) podrá ordenar al contratista la presentación de un programa revisado y un informe justificativo que describa los métodos propuestos para agilizar el avance y completar las obras en el plazo de término previsto”, señaló la Contraloría.
En ese contexto, señaló que durante una visita de inspección al proyecto, la comisión de control detectó un retraso injustificado del 27% en las obras del Terminal de Pasajeros y del cerco perimétrico hasta marzo pasado, evidenciando un ritmo de ejecución insuficiente para cumplir con el plazo contractual establecido.
Además, el contratista decidió suspender de manera unilateral los trabajos en el mencionado terminal, manteniendo únicamente las labores relacionadas con la estructura metálica del techo, así como paralizar las obras del cerco perimétrico, ambas consideradas actividades críticas del proyecto.
Según el informe de control, toda suspensión de trabajos sin una instrucción previa y expresa del ingeniero supervisor carecería de sustento contractual.
Otro aspecto advertido es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no cuenta con los recursos financieros necesarios para cubrir los gastos previstos para este año y ejecutar las actividades del proyecto, situación que pondría en riesgo la continuidad de la ejecución física de la obra.
El déficit presupuestal asciende a S/65’358,641, debido a que la entidad proyectó ejecutar gastos por S/477’422,367, aunque actualmente solo cuenta con un presupuesto asignado de S/412’063,726. Esta situación podría afectar el cumplimiento oportuno de los compromisos asumidos, así como la disponibilidad financiera para atender aquellos acuerdos previstos a suscribirse durante el presente año fiscal.
Asimismo, la Contraloría General de la República advirtió un retraso del contratista en los pagos a proveedores pertenecientes a comunidades ubicadas en el área de influencia directa (AID) del proyecto, deuda que asciende a US$ 895,562. Según el órgano de control, esta situación podría desencadenar conflictos sociales y afectar el avance de las obras principales.
Las comunidades campesinas indígenas involucradas son Ayllopongo, Racchi Ayllu y Yanacona, ubicadas en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba.
