El Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que presentó el Ejecutivo en noviembre 2024 al Congreso no obtuvo su aprobación porque la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no lo permitió por las serias discrepancias que generó.
El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, dijo que hay elementos novedosos que deberían considerarse para elaborar la nueva Ley MAPE, “que vamos a compartir el lunes (hoy) y vamos a explicar cinco temas claves que deben ser considerados en la ley”.
El PL del Ejecutivo registró una serie de cambios, sobre todo el referido al Reinfo.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso intentó cambiarlo por el Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma), sin alterar las condiciones de acceso ni los requisitos principales del sistema, mantener la misma situación.
El predictamen que intentó aprobarse en el citado grupo de trabajo legislativo no tuvo los votos suficientes por lo que no fue llevado al pleno. En la nueva legislatura se discutiría una nueva propuesta del Ejecutivo.
ENTRAMPAMIENTO. Los nuevos elementos deberán salir de la mesa técnica para la formalización minera “en la que participan dos gremios de la pequeña minería y minería artesanal, además de todos los poderes del Estado y varios sectores estatales”.
En la mesa técnica dejó de participar la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) porque el Gobierno no aceptó ampliar el plazo para que regularicen sus trámites sobre el uso de explosivos y porque se niega a incluir en el proceso de formalización a los más de 50 mil que fueron excluidos por no tener su registro vigente.
Al respecto, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, dijo a Correo que “debe quedar claro que el control debe tenerlo el Gobierno Central por la alta corrupción de los Gobiernos Regionales (GORE)”.
También porque las concesiones mineros y Reinfos favorecen a gente de gobiernos regionales, municipales y congresistas, “lo que es delito penal, independientemente de la responsabilidad administrativa que los expulsaría del cargo”.
Agregó que se debe ser estricto en el manejo y gestión de permisos para explosivos e insumos químicos, tanto como con la minería formal.
“El control y supervisión de plantas procesadoras, sin mina, también debe estar a cargo del OSINERGMIN y OEFA. No se debe permitir que las entidades del Estado compren oro”, precisó.
Según Macroconsult, la minería ilegal mueve unos $1,000 millones al año en utilidades y evade impuestos por $305 millones.
Un millón, de las cinco millones de onzas de oro que exporta Perú, son de la minería ilegal.
