El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para fortalecer e implementar las boticas públicas Farmaminsa, uno de los anuncios del mensaje a la Nación que ofreció la presidenta Dina Boluarte el último 28 de julio.
De acuerdo con la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comexperú), la propuesta puede ser loable porque busca implementar y promover estas boticas públicas para mejorar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos, pero advirtió que merece un análisis detallado para evaluar su viabilidad e impacto.
En su Semanario 1221 refiere que preocupa “el numeral 3.1 del proyecto de ley, que establece que las Farmaminsa incluirán a las oficinas farmacéuticas definidas por el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, que las clasifica como farmacias o boticas”.
El problema surge, prosigue, “que al considerar que las oficinas farmacéuticas privadas serían integradas como parte de las boticas públicas Farmaminsa, generaría confusión en la distinción entre el sector público y el privado”.
“Bajo esa premisa queda claro que el Poder Ejecutivo o no habría planteado correctamente su iniciativa legislativa o pretendería anexar a las Farmaminsa a las boticas privadas, incluso participar como agente económico en el mercado farmacéuticos”, agrega.
En ese último caso, prosigue, es imprescindible que el Estado, la sociedad y todos los actores del país tomen en cuenta el artículo 60° de la Constitución Política del Perú, referido a la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado.
Es decir, el referido numeral daría pie al Estado a ser un partícipe en un mercado en el que hay suficiente número de competidores del sector privado.
FONDO. El proyecto plantea también crear el denominado Fondo Rotatorio que financiaría la compra de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de las Farmaminsa, con un presupuesto inicial de 15 millones de soles y los ingresos obtenidos de la venta de medicamentos.
Comexperú remarca que el Estado, antes de entrar a una nueva “aventura empresarial”, debería centrar sus esfuerzos en solucionar el problema de desabastecimiento de las farmacias de los establecimientos de salud nacionales.
El gremio empresarial señala que si el Estado participa como un agente económico en un mercado competitivo, tendrá la ventaja de acceder a los recursos fiscales.
