Para David Tuesta, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas, la entrega a Petroperú de otros 2,000 millones de dólares, esta vez mediante un crédito internacional, acarrea un riesgo que recae sobre todos los peruanos, mediante el Tesoro Público.
Lo más grave, agregó, es que el propio decreto de urgencia reconoce que Petroperú tiene pérdidas estructurales, deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones para conseguir financiamiento privado.
“Es decir, el Estado está asumiendo grandes riesgos sobre una empresa cuya solvencia ya está seriamente cuestionada”, precisó.
Destacó que el argumento de “seguridad energética” utilizado por el Gobierno es la excusa perfecta para profundizar el vínculo entre Petroperú y el soberano (Ejecutivo). “Esto puede terminar costándole mucho más caro al país en riesgo fiscal, costo de financiamiento y credibilidad macroeconómica”, enfatizó.
Subsidio
Tuesta también se refirió al decreto de urgencia, que aclara expresamente que los compromisos asumidos para Petroperú “no afectarán” los fondos orientados a electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas.
“Eso revela que dentro del mismo Gobierno existía conciencia de que podía percibirse una competencia por recursos y espacio fiscal”, anotó.
Precisó que buena parte de los mecanismos de inclusión eléctrica y subsidios del sistema energético se financian, directa o indirectamente, con cargos pagados en los recibos de luz.
“Hogares y empresas contribuyen, vía tarifas, a cerrar brechas de acceso energético en zonas pobres, rurales y amazónicas”, puntualizó.
