Jorge Toyama, abogado laboralista: “No se tratan problemas como la informalidad laboral”

Es grave que el Gobierno insista en aprobar normas sin el diálogo social, donde se escucha  a empleadores y trabajadores, señala el abogado laboralista Jorge Toyama. En entrevista con Correo dijo que el proyecto para modificar el reglamento de la norma sobre negociación colectiva en el sector privado haría más rígida aún las relaciones laborales en favor de los sindicatos, que iniciarían huelgas por cualquier motivo, quitándosele a las empresas la potestad de iniciar un arbitraje.

¿El Gobierno quiere modificar la norma sobre negociación colectiva?

Sí, hay un proyecto de reglamento que no pasará por el Congreso y tampoco ha pasado por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) o el diálogo social. Es muy importante que todo lo relacionado con materia laboral pase previamente por un diálogo para que el Gobierno escuche democráticamente las propuestas de las empresas y de los sindicatos. Hace dos meses la OIT llamó la atención del Gobierno peruano por no dialogar, por emitir normas sin diálogo social. Es grave  que el Gobierno insista en normas que impactan en el mercado, sin diálogo social previo.

¿Sobre el proyecto?

El proyecto en sí trata de ir contra las normas vigentes, como que las huelgas se dan en un proceso de negociación colectiva y no por cualquier motivo, tal como lo propone el Ejecutivo, lo que haría que casos como el de los controladores aéreos de Corpac sean común. No solo impactará al sector privado, sino también al propio Estado; muchas entidades públicas se regulan por esta norma y las que brindan servicios públicos dejarían de atender a la ciudadanía. Estamos de acuerdo con el derecho a huelga, pero en el marco de una negociación colectiva.

¿Se paralizaría en cualquier momento?

En las huelgas de los 80 e inicios de los 90, las empresas paraban y no había atención. Si hoy día una empresa está negociando con el sindicato y no hay acuerdo, cualquiera de las dos partes se va a un arbitraje. El proyecto plantea que solo el sindicato podría ir a un arbitraje, ya no las empresas, lo que es una inequidad inconstitucional que afecta cualquier regla mínima de negociación.

¿Se enfriaría la intención de contratar trabajadores?

Seguiría la tendencia de poner más rígida las relaciones laborales en Perú, lo que afecta a la inversión privada. Hoy, la confianza de contratar está en sus mínimos históricos. La propia data del Ministerio de Trabajo, sobre expectativas de contratación laboral, señala que de cuatro empresas solo una está dispuesta a contratar. Los grandes problemas, como la informalidad laboral, que ha crecido a 76%, no se tratan. El desempleo está arriba de un millón.

¿El proyecto a cuántos beneficiaría?

Son 198 mil trabajadores sindicalizados de una PEA de 18 millones de personas. Si se aprueba el proyecto, además de impactar el mercado laboral, sería inconstitucional e ilegal. Igual que el reglamento de tercerización sufriría cuestionamientos y medidas cautelares, acciones de amparo, etc. Además, generaría, en el mediano plazo, el cierre de empresas porque con huelgas imprevistas se paralizarían la producción y las pondrían en una situación insostenible.

Jorga Toyama 

Abogado laboralista. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP. Magíster en Derecho Constitucional de la PUCP. Socio de Vinatea & Toyama.