Una reforma integral laboral debe priorizar también la protección social del trabajador, dice Jorge Toyama, experto laboralista y socio de Vinatea & Toyama, En entrevista con Correo explicó que el diálogo social, mediante el Consejo Nacional del Trabajo, debe incorporar también a representantes del sector informal, como, por ejemplo, de Gamarra y Polvos Rosados.
¿Qué significa la alianza entre Vinatea & Toyama y Apoyo Consultoría?
Busca llenar un espacio de información y data en materia económica y laboral que se necesita en el mercado, en el espacio periodístico, en las empresas y en el mundo laboral en general. Buscamos combinar lo laboral con lo económico.
Usted dijo que los empleadores no comunican bien lo que implica un empleo formal...
Creo que la clave es compartir la importancia que tiene el gran empleador, que aporta con el 57% de los empleos formales del país, que contribuye con el 78% de la recaudación tributaria
¿La legislación laboral debe enfocarse según la productividad de cada región?
Sí, el foco de cualquier reforma laboral debería ser la productividad más que un costo, rigidez, flexibilidad. El foco debería ser cómo se brinda un sistema que potencie la inversión en capacitación, en formalidad; cómo hacer para que el trabajador no capacitado se capacite, qué puede hacer el Estado para que en vez de darle subsidio otorgue educación, que es lo más valioso que se puede tener. No hay normas que promuevan la inversión en capacitación y formación en el país.
¿La sobre regulación, qué tanto impacta en los costos laborales?
La regulación es muy dispersa. Son casi 2 mil páginas de normas, de leyes, reglamentos, resoluciones; Perú necesita reglas simples, claras y que incentiven la productividad. El sobrecosto laboral en el país llega al 47% como mínimo y puede llegar al 55%.
¿Cambiar el marco laboral depende del Congreso, o el Ejecutivo debe tomar la iniciativa?
Depende del Congreso porque casi todas las normas son a nivel primario, son leyes. Sin duda, debería haber iniciativa del Ejecutivo porque es el que hace las políticas y tiene hoy una oportunidad de oro porque al ser un Gobierno peculiar tiene la posibilidad de proponer una reforma integral, que busque más productividad y más protección social, no debe enfocarse en reducir costos laborales; debe impulsar que la gente esté en planilla y tenga mayor educación.
Esa oportunidad...
Sin duda, el Gobierno debería proponer, iniciar el debate para que el Gobierno que entre tenga todo una norma que priorice a los trabajadores, que tengan protección social, seguros y sean productivos. Una reforma laboral integral debería considerar tres ejes: que tenga mecanismos para que la gente tenga protección social. Además, debería promover la formación e inversión en capacitación, e impulsar la productividad.
La sobre regulación está en las grandes empresas...
Sí, hay obsesión del Estado en dar más a los que ya tienen, pero debería dar más a los que nada tienen. Se debería reflejar en el diálogo social tripartito, en las políticas públicas, en las inspecciones y fiscalizaciones que se concentran en la gran empresa.
¿El sector informal, cómo estaría representado en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT)?
Hay sectores, como los conglomerados de Gamarra y Polvos Rosados, cuyos líderes podrían participar. En el CNT están representantes de los trabajadores de los grandes empleadores, es decir, no es representativo en el diálogo social; solo están representados entre el 20 y 30% de la población laboral.
¿Y la productividad laboral en el sector público?
Es baja, en el Estado no hay meritocracia. Medir la productividad del empleado público es un reto, hay prejuicios de que saldrían jalados. Pero, hay islas importantes en las que hay funcionarios públicos maravillosos, no hay que generalizar.
