La presión que sufren miles de microempresas, entre ellas las bodegas, está generando una situación insostenible que puede provocar una explosión social, advierte Julio Surco, presidente de la Asociación Pyme Perú, quien tiene una empresa que opera en Villa El Salvador, donde muchos negocios han cerrado por la inseguridad existente. En diálogo con Correo pidió al Gobierno y al Congreso adoptar medidas para una lucha frontal contra la criminalidad.
¿Las bodegas están entre la espada y la pared?
En Lima cierran por temor a la extorsión, a los ataques con granadas. Una de cada 10 bodegas han cerrado. En El Porvenir, distrito de Trujillo, conocido por sus productos de cuero y calzado, más del 35% de las mypes que operan en el lugar están siendo extorsionadas. Por esta situación, la Asociación Pyme Perú pide a las autoridades a brindar medidas de seguridad efectivas. Las mypes se sienten desprotegidas, olvidadas. Las medidas que tomaron el Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial para combatir la criminalidad, no han funcionado. El Estado peruano no puede perder la guerra contra la criminalidad.
¿Cuántas bodegas se estima hay en Lima?
Más de 200 mil y están ubicadas en toda la ciudad, miles son víctimas de extorsión. Esta situación se está volviendo insostenible y puede generar una explosión social. No hay empleos y la gente busca generarse un medio de vida con un pequeño emprendimiento, pero se ven obligados a pagar cupos. Yo opero en Villa El Salvador, en la cuadra donde trabajo, varios cerraron sus negocios a pesar de no tener trabajo, pero la inseguridad existente no les permite generarse sus ingresos.
Se pierden empleos...
La gente se queda sin empleo, no tiene esperanza de llevar el alimento a su familia y si quiere hacer un emprendimiento no tiene dinero; se la está obligando a tomar medidas extremas. La Policía Nacional hace su trabajo, pero no es acompañada en el esfuerzo de luchar contra los delincuentes, los capturan, pero luego son liberados.
¿Como microempresario qué le pediría al Gobierno, al Congreso?
El Congreso debe cambiar las normas para empoderar a las fuerzas policiales en su lucha contra la delincuencia, que no se castigue al policía, que cuando por hacer su trabajo mata a un delincuente es encarcelado. Con las normas actuales el efectivo policial ve limitada su intervención por temor a ser puestos en prisión. También hay que empoderar a los efectivos del Serenazgo.
¿Y el Gobierno?
El Gobierno tiene facultades que le ha dado el Congreso, entonces, ¿por qué no promueve que se corrijan las leyes para que funcionen?.
¿El Gobierno teme tomar medidas drásticas?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos no le permite al Gobierno a tomar decisiones drásticas, entonces, hay una traba que dificulta una severa lucha contra la criminalidad. Entonces, estamos ante la disyuntiva si mantenernos o salirnos de esa corte, que defiende solo a determinadas personas, pero no al ciudadano de bien, cuyos derechos humanos les tiene sin cuidado.
¿Deben salir las FF.AA.?
Sí, deben salir a respaldar en zonas críticas, deben proteger los edificios públicos, puertos, aeropuertos, a todas las empresas formales, chicas y grandes porque pagan sus impuestos para tener protección del Estado. Los formales nos sentimos desprotegidos, se obliga a cerrar negocios, lo que replantea regresar a la informalidad, cerrar el RUC. Si el formal se siente protegido querrá continuar, caso contrario cierra su negocio.
La inseguridad obliga a los empresarios a no invertir
Si, eso es lo que está sucediendo y en medio de una recesión, mucha gente está perdiendo su empleo, esperemos que esta situación no avance más, de lo contrario puede haber convulsión social.
