Según la iniciativa El Observatorio del Crimen y la Violencia, la inseguridad genera una grave afectación en las economías familiares, daños crecientes en la micro y pequeña empresa, efectos negativos paulatinos en la mediana y gran empresa y riesgos para la inversión privada en general.
Pero, pese a ello, explicó Ricardo Valdés, integrante de esa iniciativa, el gran problema para encarar la inseguridad (que hoy tiene cara de crimen organizado) es la poca capacidad de hacerle frente por parte del Estado porque hay enfrentamiento entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En ese sentido, según datos de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) precisó que presupuesto destinado al orden público para la función del orden público y seguridad es menor en el 2026 con relación al 2025. (ver infografía).
También dio cuenta que el presupuesto del Ministerio del Interior (Mininter) del 2026 es menor al año anterior, pues en el 2025 se le asignó S/ 15,140 millones, pero en el 2026 fueron S/ 13,435 millones.
Al respecto, Valdés señaló que más del 90% del presupuesto del Mininter se destina para el gasto corriente (sueldos y salarios), quedando muy poco para otros fines.
Criminalidad
Según encuesta realizada por Ipsos para el Observatorio, el 76% de la gente consultada señaló que le preocupa la extorsión y cobro de cupos, seguido de la corrupción de funcionarios públicos (46%).
De las economías ilegales que más preocupa es el tráfico ilícito de drogas (64%), trata de personas (64%), minería ilegal (52%), entre otras.
Entre las acciones que debe priorizar el próximo gobierno está combatir el crimen organizado y las economías ilegales (54%).
Propuestas
El Observatorio propone una reorganización de la Policía Nacional, dando prioridad a la inteligencia policial e investigación criminal; articulación interinstitucional e intergubernamental.
También fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra las organizaciones criminales, fortalecer el control de la oferta en mercados ilegales.
Carlos Basombrío, ex titular del Mininter e integrante del Observatorio (iniciativa desarrollada por el BCP, de Capital Humano y Social, así como de Banco de ideas de Credicorp), manifestó la necesidad de tercerizar el control de ingresos y salidas de los penales, mediante una empresa privada, sin la intervención del INPE.
También señaló que con los S/ 500 millones que el Gobierno está destinando para Petroperú (nuevo salvataje) o los S/ 200 millones, aproximadamente, que cada año el Congreso se aumenta para tener los privilegios que se conocen, se puede destinar en favor de la seguridad ciudadana.
