En muchas oportunidades, las comunicaciones masivas o llamadas comerciales no solicitadas son utilizadas como herramientas para perpetrar fraudes, por lo que es necesario fortalecer la confianza digital y avanzar en la seguridad ciudadana, explicó Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores.
En ese sentido, señaló a Correo, se espera el reglamento de la Ley 32323 (publicada el 9 de mayo de 2025), que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) para prohibir las comunicaciones comerciales no solicitadas (spam), lo que incluye llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos, a menos que exista un consentimiento previo y expreso del consumidor.
El especialista advirtió que se sabe que hay llamadas telefónicas que buscan únicamente escuchar la voz de quien recibe una llamada para grabarla y luego, con algún recurso tecnológico, replicar su voz y utilizarla para pedir préstamos.
Destacó que el reglamento de la Ley 32323 está dando algunas pistas de hacia dónde vamos.
“Consideramos que tiene dos medidas principales. La primera es la aplicación de una numeración especial para las llamadas comerciales, con un código al inicio, por lo que el usuario sabrá que es comunicación comercial”, resaltó.
Agregó que, normalmente, las llamadas comerciales no son consentidas, salvo en ciertas ocasiones, como cuando una clínica llama para confirmar una cita médica, o una universidad se contacta con un estudiante para una determinada comunicación académica.
Usualmente, las llamadas comerciales no consentidas están relacionadas con aquellas cuyo fin es promocionar ofertas o promociones de bancos, de un operador móvil o de compañías de seguro.
INVASIVA
Huamán subrayó que otra medida que propone la mencionada ley es la restricción de la mensajería instantánea masiva automatizada.
“Es el envío a miles de usuarios, como en el caso de los bancos. Son masivas, automatizadas, salen desde un disparador a toda la base de números que tiene la empresa de servicios”, indicó.
Refirió que el proyecto de norma dispone la restricción a ese tipo de comunicación, y que pase cierto filtro para que un número telefónico acepte la comunicación
“Las dos medidas planteadas son técnicamente viables, porque el operador puede configurar las entradas telefónicas, las características para la aplicación de la numeración especial, y también puede configurar cuáles son los perfiles de las comunicaciones de mensajerías para determinar si van, o no, a determinados usuarios”, puntualizó.
DESACUERDO
Sin embargo, el proyecto de norma propone que los operadores deben realizar las respectivas investigaciones de las llamadas presuntamente fraudulentas para entregar un reporte a la Policía, “lo que no es su especialidad”.
