Por Christian Lengua
Este lunes se aprueba la Ley del Presupuesto Público. Un documento fundamental que traza el gasto para el año 2021. Sobre todo, tomando en cuenta que según proyecciones del BCR el próximo año tendremos un déficit fiscal de 5,1% del PBI, mientras que el Marco Macroeconómico Multianual lo estima en 6,2%.
Al presente económico también se le suman dos hechos claves como son la colocación de bonos soberanos del gobierno por US$ 4 mil millones y mantener la calificación crediticia de la agencia estadounidense Standard & Poor’s.
Para el economista Carlos Parodi, profesor de la Universidad Pacífico, esto debe ser tomado como un éxito debido a las fortalezas de la macroeconomía peruana. “Estabilidad monetaria, manejo responsable de la deuda pública y baja deuda pública son los fundamentos que han permitido la colocación”.
Precisó además que esto debe ir acompañado que un buen uso del dinero, ya que la calidad del gasto será clave.
¿Se pueden tomar estos hechos como un espaldarazo para la nueva gestión de Waldo Mendoza? “Totalmente, aunque de hecho se debe haber venido trabajando antes; lo importante es la continuidad en el manejo responsable de las cuentas públicas”, apuntó Parodi.
Con respecto al déficit fiscal para el próximo año, Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP, mencionó que si bien hay distintas cifras que se manejan, hay que tener prudencia, porque la relación con el Congreso puede afectar cualquier proyección.
Entre las medidas que podrían afectar nombró la devolución de aportes de la ONP, pasar los contratos CAS al Decreto Ley 728 o 276, o la derogación de los Decretos de Urgencia que ponen límites a las negociaciones colectivas. “En general, hay un margen de incertidumbre producto de las iniciativas congresales que estamos viendo”.
Gaviño puso como ejemplo que el Consejo Fiscal acaba de declarar que el 31% de proyectos de ley presentados en el Congreso con dictamen positivo afectarían negativamente a las finanzas públicas. Porque esto implicaría mayor déficit y mayor deuda.
Por otro lado, mencionó que la Ley de Presupuesto Público que debe aprobar el Congreso este lunes ya no tiene 500 sino 751 proyectos de inversión pública que se han querido incluir, “de los cuales solo el 17% están calificados como aptos y podrían cumplir con los requisitos técnicos para su incorporación”.
Para la especialista, el Ejecutivo de alguna manera evitar que desde el Congreso sigan con estas iniciativas, no vaya a ser que más adelante pidan un financiamiento o un crédito suplementario para los proyectos de inversión que queden fuera del presupuesto y se siga afectando el gasto.
INVERSIÓN PRIVADA
En ese terreno se presenta otro reto a la actual gestión del MEF. ¿Cómo preparar el terreno para la inversión privada en estos ocho meses pensando en los próximos cinco años? Gaviño manifestó que debido al corto plazo de este gabinete, que es básicamente de transición, un tema muy importante es el de la confianza y la predictibilidad.
Sostuvo que para avanzar con miras al escenario que se le dejará el siguiente gobierno en materia de crecimiento e inversión es básico tener reglas de juego y normas claras para que el sector privado, conforme se vaya reabriendo la economía, empiece a desarrollar sus actividades.
“Básicamente esta es una gestión en la que vamos a ver más temas de articulación y gestión que grandes cambios normativos. Justamente por los pocos meses que tiene para que se produzcan las elecciones”, argumentó.