El Ministerio de Economía y Finanzas deberá cumplir con la disposición del Tribunal Constitucional, de publicar un nuevo reglamento para establecer una fórmula de cálculo del valor de las tierras expropiadas hace más de 55 años. Foto: Andina.
El Ministerio de Economía y Finanzas deberá cumplir con la disposición del Tribunal Constitucional, de publicar un nuevo reglamento para establecer una fórmula de cálculo del valor de las tierras expropiadas hace más de 55 años. Foto: Andina.

El asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria, Mario Seoane, señaló que se espera la pronta publicación del reglamento actualizado para el pago de los Bonos de la Deuda Agraria (BDA), considerando que el martes último venció el plazo de 60 días otorgado por el Tribunal Constitucional (TC), el 19 de enero 2026.

Precisó a Correo que los bonistas tenían información de que la publicación será en estos días y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe emitir un nuevo decreto supremo que apruebe un reglamento actualizado para cumplir con el pago respectivo.

Estima que tan pronto se publique el referido reglamento, el pago a los bonistas agrario debería concretarse a partir del próximo año.

El TC concluyó que el MEF incumplió los fallos previos al aplicar una fórmula que reducía significativamente el valor de la indemnización, afectando el derecho a la propiedad.

Obligación

El TC dispuso que el nuevo reglamento debe establecer una nueva metodología de actualización y un procedimiento administrativo renovado para el registro, actualización y pago de los bonos de la deuda agraria.

La medida debe busca atender los reclamos de quienes resultaron afectados por expropiaciones de tierras durante la reforma agraria (1969-1970).

Seoane explicó que el reglamento modificará la fórmula para hacer los cálculos de los bonos.

Se estima que son 300 mil bonistas los que deberán ser resarcidos por el Estado tras la expropiación de sus tierras hace más de 55 años, la mayoría de ellos fueron pequeños propietarios.

Precisó que se les debe pagar con el valor actualizado más los intereses, que sumarían unos S/ 3,000 millones.

“Lo interesante es que el TC ha ordenado que el pago puede ser en efectivo, en bonos, en tierras o en proyectos de inversión, en los que podrán acceder a acciones. El bonista va a escoger”, comentó.