Ruiz Caro propuso una ampliación de los periodos de gracia para los créditos de Reactiva y FAE Mype, porque muchos clientes no podrán honrar sus cuotas que le toquen pagar a partir de abril, mayo y junio. (Foto: GEC)
Ruiz Caro propuso una ampliación de los periodos de gracia para los créditos de Reactiva y FAE Mype, porque muchos clientes no podrán honrar sus cuotas que le toquen pagar a partir de abril, mayo y junio. (Foto: GEC)

En los últimos diez meses se han generado una serie de deudas de personas y empresas para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia. En el último reporte de Asbanc, el índice de morosidad en Perú aumentó en casi 7 puntos en noviembre del 2020, comparado con el mismo mes del año anterior. ¿Qué pasará con la morosidad ahora que entramos a una nueva cuarentena?

Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), estimó que la morosidad va a aumentar en todo el sistema, porque si bien las cifras a fin de año han sido relativamente bajas, hay que tener en cuenta que un buen porcentaje de la cartera estaba reprogramada, y aún no le tocaba pagar sus cuotas.

“En enero ya se ha visto una disminución de pagos de cuotas, se ha pagado menos que en diciembre, entonces sí hay preocupación de lo que pueda pasar en los siguientes meses porque va a haber una menor actividad económica debido a la cuarentena, sea focalizada o no”, precisó.

Asimismo, recordó que por estos meses se acaban los periodos de reprogramación de algunos clientes y es probable que no tengan suficiente movimiento como para pagar sus cuotas.

En esa línea vienen evaluando que se permitan nuevas reprogramaciones, individuales y no en lote. Y saludó la ampliación hasta marzo del programa de garantías COVID-19, para créditos reprogramados. “Quizás en su momento deba volver a ampliarse para que más clientes se puedan acoger y que también más empresas financieras puedan ofrecerlo a sus clientes”, dijo.

Respecto a los créditos de Reactiva Perú y FAE, Ruiz Caro señaló que a partir de abril se empiezan a cumplir los plazos de gracia y muchas de las actividades para las que fueron destinadas los créditos no se han recuperado lo suficiente, y con esta nueva etapa de emergencia van a sufrir menor o nula actividad, como es el caso del turismo.

Por ello, planteó que se considere una ampliación de los periodos de gracia para los créditos de Reactiva y FAE Mype, porque que todavía no va a estar la economía para que los clientes honren las cuotas que le toquen pagar a partir de abril, mayo y junio, apuntó.

En este punto, el titular de Fepcmac refirió que el Ejecutivo debe ser el regulador, pero también vienen solicitando conversar con el MEF y la SBS para exponer sus puntos de vista.

“En general, todas las entidades financieras han dado facilidades, pero esto ha hecho que a fin de año tengan utilidades más bajas que las esperadas, o que no hayan registrado utilidades. Estamos en un periodo que hay que analizar más medidas, no solo para los clientes también para las entidades financieras, cómo manejan sus ratios de capital global, de patrimonio, y entre todos tratar que la crisis afecte lo menos posible a todos, clientes, empresas y público”, subrayó.

FALTA DE LIQUIDEZ

Rafael Viera, abogado experto en litigios y socio principal en Viera Abogados, manifestó por su parte que uno de los sectores más golpeados ha sido el de tarjeta de créditos, porque muchas personas se han sobreendeudado, y ahora hay muchos incumplimientos.

Añadió que esto se debe principalmente a la falta de liquidez de los usuarios, aun cuando en muchos casos existe un apoyo por parte de las entidades financieras.

“La cobranza de deudas se ha visto seriamente afectada, una persona jurídica que tiene poca liquidez tiene que optar por cuál deuda pagar. Y normalmente la deuda que se paga es la laboral y servicios esenciales. Pero las deudas que han dejado de pagar muchas empresas son las deudas corrientes, a proveedores”, puntualizó Viera.

Y a estos incumplimientos, se le suma que el Poder Judicial trabaja de manera remota y no está preparado para operar al tener equipos obsoletos y problemas para descargar documentos. El Estado no tiene la tecnología adecuada, comentó.