Han pasado tres meses desde la explosión ocurrida en el ducto de gas de Camisea, en Cusco, sin que se conozcan aún las causas del incidente. En ese marco, Osinergmin señaló que la investigación técnica sigue paralizada, ya que la Fiscalía no ha autorizado las diligencias necesarias para examinar las muestras metálicas de la tubería afectada, pieza clave para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
El organismo supervisor precisó que las muestras obtenidas del ducto afectado en el kilómetro KP 43, en el distrito de Megantoni, se encuentran inmovilizadas en Lurín desde el 26 de marzo, situación que ha impedido culminar la evaluación técnica especializada del caso.
La explosión registrada el 1 de marzo provocó la paralización del transporte de gas natural y líquidos de gas natural de Camisea, lo que impactó en el suministro durante un periodo de dos semanas.
Osinergmin señaló que la investigación solo podrá continuar si la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención autoriza las diligencias necesarias para efectuar los análisis de laboratorio pendientes sobre las piezas metálicas de la tubería afectada.
Debido a la demora, el regulador acudió a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Energía y Minas del Perú y a la Defensoría del Pueblo del Perú para que, en el marco de sus competencias, exhorten a la Fiscalía de la Nación del Perú a agilizar el proceso y permitir el cierre de la investigación técnica.
El organismo recordó, además, que ha emitido tres informes relacionados con el caso. En el primero de ellos se determinó que el concesionario a cargo de Transportadora de Gas Natural no logró acreditar la existencia de condiciones excepcionales que sustentaran una ampliación de plazo por causal de fuerza mayor.
Los otros dos informes, difundidos a fines de abril, identificaron incumplimientos contractuales, entre ellos la falta de garantía en el flujo y la presión suficiente de gas natural para atender la demanda máxima registrada entre el 1 y el 13 de marzo del presente año.
Estos últimos informes fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas del Perú para la evaluación de las acciones correspondientes. En ese sentido, Osinergmin precisó que, una vez concluida la investigación técnica, podrá cerrar la etapa de fiscalización y proceder con la aplicación de las medidas contempladas en la normativa vigente.
