Ayer sumaron 45 días de la renuncia del directorio de Petroperú y el Gobierno sigue sin emitir el humo blanco del consenso que conlleva la designación de uno nuevo.
Pero, en el ínterin emitió una nueva norma mediante la cual lanzó un nuevo salvataje a la empresa, que costaría más de $3,000 millones a todos los peruanos.
Es decir, le entregó fondos a la empresa a pesar de que mantiene la misma estrategia que la llevó a la crisis, pues, el directorio renunciante propuso una gestión privada, no una privatización.
Pedro Gamio, miembro del directorio renunciante de la petrolera, dijo en RPP que la decisión de nombrar uno nuevo está en Palacio de Gobierno, precisando que “en un lado está la Presidencia de Consejo de Ministro (PCM) y en otro lado está la Presidencia de la República”.
Desavenencia. Se conoce desde hace semanas que el punto de desencuentro sería Alejandro Narváez, ex presidente de la petrolera, a quien la presidenta Dina Boluarte quiere que se designe contra la opinión de algunos ministros, entre ellos el de Economía y Finanzas.
Narváez fue presidente de Petroperú entre 2003 y 2005. Es el candidato de su paisana, la presidenta Boluarte.
Gamio dijo que se debe buscar el quipo más calificado y con mejor reputación para dar la mejor señal al mercado.
Advirtió que se debe evitar todo riesgo para que el Gobierno no vuelva hacer transferencias que afecten la política fiscal del Perú.
El Gobierno apunta que la operación al 100% de la refinería de Talará proveerá los recursos necesarios para sacar a la petrolera de la crisis, considerando que cuando en febrero de este año asumió el directorio (de carácter temporal), que renunció el 10 de setiembre, estaba en quiebra.
La administración de Pedro Castillo colocó en una crítica situación a Petroperú por la falta de transparencia que se quiso imponer en la auditoría del 2021.