El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto para declarar o no inconstitucional la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia (DU) 010-2025 mediante el cual se busca la reorganización patrimonial de Petroperú.
Al respecto, Carlos Gonzales, experto en hidrocarburos, quien expuso en su calidad de amicus curiae (amigo del TC), dijo a Correo que se necesitan cinco de los siete votos para declarar inconstitucional el citado DU.
En tanto, Ángel Delgado, director de Proyecto de Reorganización Patrimonial de Petroperú en Proinversión (responsable de la aplicación del DU), en su presentación ante el TC, precisó que el DU no solo enfoca una simple insolvencia contable, sino busca proteger a la población más vulnerable, como Loreto.
En esa región, la producción de energía eléctrica depende 100% de combustibles como el diésel, donde Petroperú aplica un rol subsidiario porque el privado no tiene participación.
Bloques
Delgado, además, adelantó que la próxima semana se inicia a conformar los bloques patrimoniales de Petroperú.
La refinería de Talara, es el más importante activo de la empresa y la que da el soporte financiero, se constituiría como un bloque patrimonial, que tendría una administración privada, pero el Estado mantendría la titularidad.
“No implica una privatización la aplicación del DU”, precisó el representante de Proinversión.
Sin embargo, el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirma que el DU promueve una privatización encubierta.
El Instituto Peruano de Economía (IPE), en su calidad de amicus curiae del TC, le respondió que al cierre del primer trimestre 2026, Petroperú tenía una deuda de $ 6,351 millones.
En el primer trimestre 2026, la deuda de Petroperú fue 10 veces más que en 2013, cuando se autorizó endeudamiento para la refinería.
