Las operadoras del mercado de telecomunicaciones tienen obligaciones sectoriales muy altas y se estima que en 2023 sumará unos S/900 millones, sin considerar otras responsabilidades como es el pago del Impuesto a la Renta, que no les está permitiendo prepararse financieramente para encarar las inversiones que demandará operar con el 5G, señaló a Correo el especialista Carlos Huamán, director ejecutivo de DN Consultores.
Precisó que ese monto está calculado en función de los ingresos que tendrán las operadoras en el presente año, de entre S/14,500 millones y S/15 mil millones.
Entre esas obligaciones sectoriales está el 1% a Pronatel (S/150 millones), el 0.8% a Osiptel (S/120 millones), el canon del espectro radioeléctrico, que “según nuestros estimados será de S/350 millones este año”.
A esos obligaciones (desembolsos), señaló, se suma las multas que aplica Osiptel por regulaciones de servicios que no están vigente como la telefonía pública, el servicio SMS, que son poco valorados por los usuarios. Para este año se estima totalizarán S/200 millones.
CAMBIO. Huamán dijo que las multas que aplica Osiptel va al Tesoro Público y no para mejorar el acceso a los servicios telecom a un mayor número de personas. “Las multas tienen enfoque punitivo y el Estado tiene que plantearse el cambio del modelo de regulación porque el escenario 5G es más disruptivo, necesita cifras mayores de inversión, mucho más de las que han efectuado hasta ahora las operadoras”, precisó.
Recordó que en agosto último, el Congreso emitió una ley para que Osiptel presente una propuesta de simplificación regulatoria, que debe entregar este mes, que busque dar incentivos para que operadores inviertan más.
Pero, otra ley del Congreso autoriza que el tope de la multa que aplica Osiptel se triplique, es decir, en 2024 las multas serían S/600 millones.
Por ello, dijo que es importante revisar de forma integral el modelo institucional de obligaciones económicas sectoriales antes de licitar el 5G, de lo contrario el compromiso de inversión de los operadores será modesto.
Esa revisión debe ir de la mano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Osiptel y del Ministerio de Economía.
