Fiscalización en sector agro debe ser presencial y con ayuda de drones, según PwC

El superintendente de Sunafil, Juan Carlos Requejo, sostuvo que las denuncias en el sector agrario se duplicaron como consecuencia de la implementación -desde el año pasado- de siete plataformas, de las cuales cinco están vinculadas a este ámbito y por las intendencias regionales en todo el país.

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Al respecto, Percy Alache, director de Servicios Laborales de PwC, sostuvo que estos aplicativos, entre ellos Verifica tu chamba y Chequea tu contratista, se deben mantener y tienen que estar interconectados con las planillas electrónicas que maneja Sunat, EsSalud, Reniec, Migraciones, entre otros, para que esta información sea real y así se pueda formalizar a más trabajadores.

“Estos aplicativos son eficientes en la medida que se utiliza la tecnología de la información para investigar y así el recurso humano ya no se desplaza. Con esto se puede maximizar los esfuerzos”, dijo.

Sin embargo, Alache comentó que esta medida no es suficiente porque en el sector agro las fiscalizaciones no solo son virtuales.

“Acá se necesitan visitas presenciales y utilizar tecnología, como en algún momento Sunafil habló de usar drones porque los fundos tienen larga dimensión. Es muy probable que con la cantidad de inspectores que se tiene no se cubre toda la necesidad”, refirió.

Con respecto a la fiscalización con drones, el experto manifestó que se debería tener todos los permisos correspondientes para no invadir propiedades adyacentes.

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Entre sus otras propuestas, el abogado laboralista recomendó que los inspectores deben tener especialidad por sectores económicos, como minería, agro, industria, entre otros.

“El modelo de negocio de cada una de estas industrias es diferente y la regulación es puntual, porque la legislación no solo es del Ministerio de Trabajo, sino de Agricultura”, apuntó.

También recomendó que el criterio de inspección a nivel nacional esté interconectado y actualizado.

REGLAMENTO DE LEY AGRARIA

Sobre la reglamentación de la nueva Ley Agraria, tras tres meses de su aprobación en el Pleno del Congreso, Percy Alache mencionó que las empresas deben definir qué personal está incluido o excluido del régimen agrario.

El personal de las áreas administrativas queda fuera del alcance de esta ley. Ellos son los trabajadores que desarrollan funciones de dirección, gestión, administración, contabilidad, recursos humanos, almacén, entre otras. También no están los de soporte técnico, quienes desarrollan funciones de instalación y mantenimiento preventivo o correctivos de equipos informáticos y maquinarias.

Sin embargo, el especialista indicó que si estos trabajadores realizan funciones permanentes en campo o plantas de la empresa sí se les aplica el régimen.

Además, señaló que la ley establece que el trabajador agrario, cuya jornada laboral sea de 4 o más horas diarias en promedio a la semana, tiene derecho a percibir una Remuneración Básica (RB) mensual no menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Ahora los trabajadores podrán decidir si reciben el pago de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones de forma semestral o de forma prorrateada, es decir, incluidas en sus remuneraciones mensuales.

Agregó que se otorgará una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) a los trabajadores, equivalente al 30% de la RMV vigente en la oportunidad en que corresponda otorgar el beneficio. Se podrá acordar si el pago será de forma mensual o prorrateada.

Entre otras medidas, el director de Servicios Laborales de PwC destacó la incorporación de los trabajadores en el pago de las utilidades que pueda generar la empresa y la libre afiliación de los trabajadores independientes al Seguro Social de Salud (EsSalud), por el que pagarán un aporte mensual del 6% del salario mínimo.

El laboralista recordó que una semana antes que saliera el reglamento de la Ley Agraria, Sunafil estuvo fiscalizando a las empresas del sector agrario en Piura, Paita, Sullana y Morropón.

Entre los documentos que se les pedían eran: ingreso de todos los trabajadores en planilla, condiciones de salud en el trabajo, su prevención y vigilancia de control del COVID-19 y contratos con las empresas que trasladen a trabajadores a los fundos. “De seguro eso será replicado en otras regiones”, acotó.