El Tribunal Constitucional (TC) emitió un auto admitiendo a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Arequipa contra el Decreto de Urgencia N.º 013-2024. Dicha norma, aprobada en septiembre del 2024, autorizó al Poder Ejecutivo a otorgar un salvataje financiero a Petroperú por un monto de hasta US$ 1.800 millones.

Con esta decisión, el Tribunal Constitucional abre el proceso para evaluar la legalidad del decreto. Se ha concedido un plazo de 30 días al Poder Ejecutivo para que se apersone y responda a la demanda. Posteriormente, el TC programará una audiencia pública en la que ambas partes podrán presentar sus alegatos.

El abogado Walter Gutiérrez, representante legal que encabeza esta demanda, advirtió que el decreto vulnera principios constitucionales, ya que no cumple con los criterios de excepcionalidad e imprevisibilidad exigidos por la jurisprudencia. Sostuvo que la crítica situación financiera de Petroperú era previsible y conocida desde hace varios años, por lo que no se justificaría el uso de un decreto de urgencia.

Esta demanda también cuestiona el uso reiterado de mecanismos extraordinarios —al menos cuatro desde 2020— para respaldar financieramente a Petroperú, lo que ha implicado el compromiso de cuantiosos recursos públicos. Según el Colegio de Abogados de Arequipa, estos fondos debieron ser destinados a sectores prioritarios como salud, educación y seguridad.

Además, el gremio solicitó al TC que emita un pronunciamiento oportuno sobre el caso, al considerar que se trata de una medida que compromete directamente el manejo responsable de los recursos del Estado.

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