La resistencia de algunas comunidades a los operativos contra la minería ilegal e informal comienza a convertirse en un nuevo desafío para las autoridades. Los recientes enfrentamientos registrados en Huánuco y Cajamarca evidencian que parte de la población ya no solo participa en esta actividad, sino que también impide las intervenciones policiales, un escenario que especialistas atribuyen a la falta de oportunidades económicas, la débil presencia del Estado y el incremento del precio del oro y el cobre.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el centro poblado Nueva Esperanza, distrito de Puños, en Huamalíes (Huánuco), donde unas 50 personas atacaron a efectivos policiales para evitar que destruyeran un campamento clandestino durante el operativo “Impacto-2026”. En Hualgayoc (Cajamarca), cerca de 80 personas irrumpieron en una comisaría para liberar a siete detenidos que cumplían prisión preventiva por actividades vinculadas a la minería ilegal.
Estos hechos no son aislados. Años atrás, la zoóloga y bióloga Juliane Koepcke denunció que mineros ilegales que operaban en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, en Huánuco, recibían el respaldo de dirigentes de la comunidad Pampas Verdes, quienes presuntamente cobraban hasta S/30 mil para proteger estas actividades y alertar sobre posibles operativos de interdicción.
Para Dante Vera, analista de V&C Analistas, el auge de la minería ilegal responde, en gran medida, al incremento del precio internacional del oro y del cobre, que ha convertido esta actividad en una opción mucho más rentable que la agricultura. A ello se suma, según explicó, la crisis de la producción agrícola familiar, cuyos ingresos ya no alcanzan para sostener a muchas comunidades rurales.
Edwin Guzmán, especialista de Labor para el Desarrollo, coincide en que el avance de esta actividad está relacionado con la ausencia del Estado. Señala que la falta de servicios básicos, empleo y alternativas de desarrollo ha llevado a muchas comunidades a encontrar en la extracción de minerales una fuente inmediata de ingresos.
Ambos especialistas sostienen que las necesidades insatisfechas de estas poblaciones también generan expectativas sobre las empresas mineras formales, a las que se les exige empleo permanente, ejecución de obras y compra de productos locales, responsabilidades que, según Vera, corresponden principalmente al Estado y a los gobiernos locales.
Otro factor que ha contribuido al crecimiento de la minería informal, según Vera, es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). A su juicio, este mecanismo terminó otorgando una protección temporal a quienes operan en concesiones ajenas, dificultando la persecución penal y alimentando la presión para mantener vigente el sistema.
Guzmán advierte que alrededor de la minería ilegal también proliferan otras economías ilícitas, como el tráfico de explosivos, la trata de personas y distintas formas de violencia, actividades que encuentran aceptación porque generan ingresos rápidos en zonas con escasas oportunidades.
Frente a este panorama, Vera propone cerrar definitivamente el Reinfo, realizar un censo nacional de pequeños mineros y replantear el proceso de formalización. Sin embargo, considera que los esfuerzos del Estado deben concentrarse en desarticular toda la cadena de comercialización, desde los acopiadores hasta las plantas procesadoras y empresas exportadoras, en lugar de intervenir únicamente contra quienes extraen el mineral.
Por su parte, Guzmán plantea que el próximo gobierno impulse una estrategia integral para las zonas mineras, fortaleciendo la presencia estatal con servicios públicos, fiscalización efectiva y programas de desarrollo. Además, sostiene que las comunidades deben desvincularse de las actividades ilícitas, ya que la minería ilegal genera beneficios económicos temporales, pero deja graves daños ambientales y sociales.
De mantenerse la débil presencia del Estado, el especialista advierte que el país corre el riesgo de que se consoliden “territorios liberados”, donde las economías ilegales terminen desplazando la autoridad estatal y afectando la gobernabilidad.
VIDEO RECOMENDADO
