Las provincias arequipeñas de Camaná y Caravelí fueron identificados como territorios de alto riego debido a la minería ilegal que se desarrolla, según se expuso en el estudio Abordaje Integral de la Minería Informal e Ilegal en el Perú, que fue elaborado por V&C Analistas y publicado en marzo de este año.
En la publicación se advierte que la población de estas provincias participa en alguno de los eslabones de la cadena productiva de la minería no formal, ya que están expuestos a esta realidad.
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“Estas zonas son ricas en recursos y tienen escasa presencia de las instituciones del Estado, estando el territorio en manos de las organizaciones criminales, por lo general más de una, asociadas para delinquir. En estos territorios con mayor riesgo se concentran la mayoría de los impactos socioambientales. Los pueblos indígenas se ven especialmente afectados en su identidad cultural, seguridad y desarrollo”, resalta.
Así como Camaná y Caravelí, en el país existen otros sectores afectados por la minería ilegal (VER EL MAPA).
El estudio precisa que el lavado de oro ilícito y su comercialización requiere cubrirse en empresas legales y documentos fraguados, así como de la red de contrabandistas masiva en todo el sur de Perú.
En el detalle de las zonas de procesamiento, compra y venta de oro informal, se explica que el mineral en bruto se traslada a las plantas ubicadas en Nazca, Ica y en Caravelí, Arequipa.
Por ejemplo, en Caravelí, el mineral es transportado en sacos con capacidad para 100 kilos cada uno, lo que significaría un total de 15 toneladas de mineral en bruto por vehículo. La ruta utilizada es la vía de penetración a Caravelí, desde donde transportan mineral en bruto hasta las plantas de procesamiento en Chala.
Toda esta logística y comercialización trae ganancias exorbitantes, por ello la minería ilegal se ha convertido en una actividad altamente lucrativa, generando más ingresos ilícitos que el propio narcotráfico. Según datos del 2022, la producción no formal (entre informal e ilegal) representó el 39.3% de la producción nacional de oro, valuado en aproximadamente 4 mil millones de dólares.
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Este valor anual alcanza los 23,760 millones de soles (equivalentes a unos 6 mil millones dólares), lo que supone una pérdida del 2.5% del PBI.
El proceso de formalización, que lleva más de dos décadas en curso, ha fracasado en su intento de regularizar la actividad minera de pequeña escala, que ahora está infiltrada por grupos ilegales y ha servido como fuente de financiamiento para organizaciones criminales nacionales e internacionales, como el “Tren de Aragua” o el “Comando Vermelho”.
Por ello la importancia, ante esta grave situación, de una acción coordinada y enérgica por parte del Estado, la sociedad civil y el sector privado para abordar de manera integral esta crisis, protegiendo los derechos humanos, preservando el medio ambiente y promoviendo un desarrollo económico sostenible y equitativo para todos los peruanos.
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