La Contraloría detectó un perjuicio económico de 100 mil 800 soles en la Gerencia Regional de Educación Arequipa, esto porque se realizaron pagos indebidos por concepto de movilidad a trabajadores de la entidad durante el periodo 2019 y 2020.
Según el informe de Servicio de Control Específico N° 015-2023-2-0710-SCE, los hechos ocurrieron durante el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, y se identificó una presunta responsabilidad administrativa en una servidora y civil en diez funcionarios y servidores de la entidad regional.
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De acuerdo al análisis a la información económica registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) y a la documentación que sustenta los pagos efectuados por “concepto de movilidad como condición de trabajo”, durante los años 2019 y 2020, se evidenció que funcionarios y servidores públicos realizaron, suscribieron y visaron documentos para ejecutar el gasto e incrementar los ingresos de trabajadores de la institución sujetos a los regímenes laborales DL N° 276, 1057 y 1153.
El argumento del pago por concepto de movilidad fue dar cumplimiento al convenio colectivo entre el Gobierno Regional de Arequipa y la Federación de Sedes Administrativas de Educación del Perú. Sin embargo, por las condiciones establecidas en el acuerdo y por las normas de gestión fiscal de recursos humanos vigentes, no correspondía ser aplicado el incremento.
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El pago por concepto por movilidad no cumplió con los criterios de “condición de trabajo” establecidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) al tratarse de una retribución que estuvo relacionada con la cantidad de días laborados, no estuvo sujeto a rendición de cuentas e implicó un incremento patrimonial prohibido por las normas presupuestales.
El informe fue notificado a la titular de la Gerencia Regional de Educación para que efectúe el deslinde de la responsabilidad administrativa que corresponda de la servidora comprendida en el hecho. También recomienda a la Procuraduría Pública de la Contraloría General dar inicio a la acción legal civil contra diez funcionarios y servidores involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad.
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