Un hombre y una mujer fueron enviados a prisión preventiva por ocho meses luego de ser intervenidos en un establecimiento de Camaná donde, según la investigación fiscal, se ofrecían servicios sexuales. Ambos son investigados por el presunto delito de favorecimiento a la prostitución y podrían recibir una condena de hasta seis años y nueve meses de prisión.
Los investigados son Rogger Damián I. y Joysi Bardales P., quienes fueron detenidos el pasado 9 de septiembre durante un operativo realizado por la Policía y el Ministerio Público en el local denominado Dluxe o Deluxe, ubicado en el kilómetro 839 de la carretera Panamericana Sur, en el asentamiento humano La Rinconada, distrito de Samuel Pastor, Camaná.
Durante la intervención, las autoridades encontraron en el establecimiento a siete mujeres que, según la Fiscalía, brindaban servicios sexuales a los clientes. También fueron hallados ambientes acondicionados para estos encuentros y preservativos.
La investigación apunta a que Bardales y Damián habrían cumplido funciones de administración, coordinación y control de las mujeres que permanecían en el local para ejercer el meretricio.
A estas evidencias se sumaron las declaraciones de las mujeres intervenidas y de algunos clientes. Además, una pericia de biología forense detectó restos seminales en los preservativos usados encontrados durante el operativo.
Con estos elementos, el fiscal adjunto provincial Clismann Tomás Ala Gordillo sustentó el pedido de prisión preventiva durante la audiencia. La Fiscalía también señaló que Rogger Damián registra antecedentes judiciales por el mismo delito y que ninguno de los dos investigados tendría arraigos considerados suficientes para garantizar su permanencia durante el proceso.
Luego de evaluar los argumentos presentados, el juzgado aceptó el requerimiento del Ministerio Público y ordenó ocho meses de prisión preventiva para ambos.
La medida permitirá que la investigación continúe mientras se determina la responsabilidad que correspondería a los dos investigados. De acuerdo con la Fiscalía, la eventual condena podría alcanzar los seis años y nueve meses de prisión.
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