El plazo dado por la concesionaria vencía el 30 de diciembre de 2021. Sin embargo, caprichosamente los consejeros de Arequipa no se reunieron para tomar la decisión. (Foto: Difusión)
El plazo dado por la concesionaria vencía el 30 de diciembre de 2021. Sin embargo, caprichosamente los consejeros de Arequipa no se reunieron para tomar la decisión. (Foto: Difusión)

La concesionaria Angostura Siguas envió ayer una carta al Gobierno Regional de Arequipa y Ministerio de Economía y Finanzas para iniciar la caducidad del contrato de concesión de Majes Siguas II.

El proyecto es una inversión pública-privada que consiste en incorporar 38.500 hectáreas para producción agrícola; además iba a desarrollar un componente para generar energía eléctrica vía las hidroeléctricas Lluta y Llucta. Con Majes II se iban a generar 190.000 empleos directos y otros 290.000 indirectos.

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En la misiva firmada por el gerente Santiago Hernández Castaño, la concesionaria enumera hasta cuatro incumplimientos en los que incurrió el GRA que justifican la caducidad del contrato. Precisa que haberse mantenido al frente de esta concesión por 11 años le ha generado un perjuicio económico de 220 millones de dólares. No descartan a futuro iniciar acciones legales por daños y perjuicios.

Uno de los incumplimientos citados es no haber suscrito la adenda 13, cuya aprobación mantuvo el proyecto agroindustrial paralizado cuatro años. La citada adenda consiste en modernizar el sistema de riego: utilizar tubos, en lugar de canales y llevar el agua al adjudicatario a la cabecera de la parcela. Demandaba una inversión de $ 104 millones que se recuperaría de la venta de tierras.

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El plazo dado por la concesionaria vencía el 30 de diciembre de 2021. Sin embargo, los consejeros no se reunieron para tomar la decisión. El día de la convocatoria, cuatro no asistieron, además el legislador José Luis Hancco tampoco elaboró el dictamen para aprobar la adenda, lo que imposibilitó el debate.

La consecionaria sostiene que las paralizaciones de la obra a lo largo de once años fueron ocasionados por el gobierno regional debido a los constantes incumplimientos. Perjuicios, como consecuencia de la resolución contractual causaron daños por encima de los 220 millones de dólares.

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