La Corte Superior de Justicia de Arequipa condenó los actos de violencia y vandalismo registrados este lunes durante la protesta de obreros de Construcción Civil en la obra del nuevo módulo de Justicia de Cerro Colorado. La institución también pidió al Ministerio Público y a la Policía investigar a los responsables.
A través de un comunicado, la Corte señaló que las diferencias entre la empresa APM Contratistas Generales y el Sindicato de Construcción Civil deben resolverse dentro del marco legal y mediante el diálogo, descartando cualquier forma de violencia.
La institución expresó además su preocupación por los ataques registrados durante la jornada y exhortó a la Fiscalía y a la Policía Nacional a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Durante la protesta, de acuerdo con videos grabados por vecinos de la zona, un grupo de manifestantes destruyó parte del cerco perimétrico de la obra, dañó cámaras de seguridad y garedió verblamente a una periodista que registraba imágenes.
La movilización también tuvo repercusiones en otras obras públicas, ya que obreros sindicalizados dejaron de asistir a 12 proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa bajo la modalidad de Obras por Impuestos, y 32 obras por contrata, así como otros proyectos como el Nuevo Iren Sur, el hospital Martiza Campos, afectando el desarrollo de los trabajos.
MESA DE DIÁLOGO SIN RESULTADOS
El gobernador regional, Rohel Sánchez, informó que desde hace varias semanas se instaló una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto, aunque no ha dado resultados, por la negativa de los sindicalistas.
Como consecuencia, la construcción del módulo de Justicia permanece paralizada hace aproximadamente un mes, según Darío Zambrano, representante de la empresa APM Contratistas.
El secretario de Construcción Civil, Lugue Espinoza, reiteró esta mañana el pedido de instalar una mesa de diálogo, pero donde no participe el representante de APM, Darío Zambrano, sino otro representante, así como la participación del financista de la obra, Máxima Internacional. El pedido es que los contratados en el proyecto sean los sindicalizados de Arequipa y no de otras regiones.
Según el gobernador Sánchez, el reclamo del sindicato no puede traducirse en la imposición de condiciones a las empresas privadas. “Se tiene que respetar la norma, no se puede exigir al privado (la contratación de obreros sindicalizados), porque con las paralizaciones y daños a la infraestructura, afectan a la región, al presupuesto del Estado”, señaló.
La autoridad recordó que cada día de paralización implica maquinaria detenida, profesionales y obreros sin poder trabajar, además de la ampliación de plazos de ejecución y un incremento en el presupuesto de las obras.
Añadió que, a través de la Oficina Regional de Diálogo y Gobernabilidad, el Gobierno Regional exhorta a las empresas que ejecutan proyectos mediante Obras por Impuestos a priorizar la contratación de trabajadores residentes en Arequipa, procurando que al menos el 60% de la mano de obra sea local, sin que ello implique la obligación de contratar únicamente afiliados al sindicato.
No obstante, el representante de APM Contratistas Generales, Darío Zambrano, señaló que esa no es la posición del gremio. Según afirmó, el sindicato exige que la empresa contrate únicamente a trabajadores “autorizados” por la organización sindical, quienes son enviados con algún documento de respaldo del sindicato.
El gobernador precisó que actualmente existen 12 obras ejecutadas mediante Obras por Impuestos y otras 32 bajo la modalidad de contrata, por lo que advirtió que los conflictos de esta naturaleza afectan el avance de los proyectos.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO IDE RESPETAR DERECHOS
A este pronunciamiento se sumó la Defensoría del Pueblo, que recordó que el derecho a la protesta está protegido por la Constitución, pero debe ejercerse de manera pacífica y sin vulnerar derechos de terceros.
La institución exhortó a los manifestantes a respetar la integridad de las personas, la propiedad pública y privada, así como la tranquilidad de los vecinos, e insistió en que las demandas laborales deben canalizarse mediante el diálogo y dentro del marco de la ley.
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